domingo, 29 de julio de 2012

La verdad sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú



Sobre el origen y propósitos de la CVR en el Perú

El siglo XXI fue el inicio de nuevas dificultades para el Perú. Se recuperó la democracia capturada por un régimen a su vez capturado por la perversión y la corrupción de Vladimiro Montesinos, pero al mismo tiempo se abrieron las fuerzas opuestas y empezaron a actuar con un signo marcado de odio, venganza y mezquindad. Probablemente nada simbolice mejor ese nuevo estilo de acción política que la llamada "Comisión de la Verdad y Reconciliación", sin duda el organismo más cuestionado y deteriorado en su imagen pública, junto con las famosas ONGs de DDHH. Esta comisión fue creada sorpresivamente por la gestión transitoria de Valentín Paniagua y su Ministro de Justicia, el jurista Diego García Sayán, verdadero artífice y padre de la criatura. La CVR se creó en junio del 2001, entre gallos y media noche, con el nombre inicial de "Comisión de la Verdad", al igual que sus pares de otros países de la región. Pese a las voces que pedían mayores luces sobre la inesperada iniciativa, Alejandro Toledo decidió ratificarla en el primero de los muchos gestos cándidos que caracterizarían su errático gobierno. Toledo apenas hizo unos añadidos para calmar las dudas sobre la CV, tales como ampliar el número de sus miembros de siete a doce y agregar la palabrita "reconciliación" a su nombre, burdo maquillaje que obviamente no aplacó los crecientes cuestionamientos a la extraña y repentina iniciativa.

Cabe destacar que nunca hubo ningún tipo de consulta, discusión o coordinación para emprender semejante proyecto, pese a su evidente gravitación política. Nunca se conversó ni se discutieron los nombres de los integrantes de la famosa comisión, cuando lo más sensato hubiera sido coordinar con las fuerzas políticas o dejar el asunto en manos del Congreso para lograr transparencia democrática. Nada de esto ocurrió. Fue más bien una imposición arbitraria y escandalosa que pasó por alto las formas democráticas mínimas, como una simple coordinación y consulta, algo que, sin embargo, suele ser el permanente reclamo de los políticos de izquierda. Pero apelando una vez más a su ya clásica y tradicional doble moral, esta vez la izquierda aplaudió entusiasmada la idea, especialmente desde que se enteraron de sus miembros iniciales. Lo que más sorprende e indigna hoy es que según las evidencias (1) el Ministro de Justicia Diego García Sayán solo habría coordinado la conformación de la Comisión de la Verdad con Abimael Guzmán Reynoso, el máximo líder terrorista del PCP-SL, a través de emisarios. No nos olvidemos además que durante su gestión, los primeros actos de Diego García Sayán estuvieron orientados a liberar terroristas. Apenas instalado en su cargo a fines de noviembre del 2000, las primeras resoluciones de liberación de terroristas empezaron a emitirse el 2 de diciembre (11 terroristas indultados), el 5 de diciembre (8 terroristas liberados), el 10 de diciembre (11 terroristas indultados), el 22 de diciembre (4 terroristas indultados), y la lista sigue hasta superar el centenar de terroristas liberados, además de los nuevos juicios conseguidos para otros terroristas como Pacífico Castrellón, comando del MRTA. En suma, la conformación de la famosa Comisión de la Verdad fue uno de los mayores logros de Diego García Sayán en favor del terrorismo, como veremos luego. ¿Qué esperaba lograr Diego García Sayán con esta comisión? Lo único que sabemos a ciencia cierta es que el mismo año que la CVR entregaba su informe final, Diego García Sayán era llamado a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hoy es su presidente.

Los objetivos aparentes de esta comisión se expresan en el DS. N° 065-2001-PCM de su creación: 
Artículo 2°.- La Comisión tendrá los siguientes objetivos:
  • a) Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú;
  • b) Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de los posible, las presuntas responsabilidades;
  • c) Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares;
  • d)Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas, políticas o administrativas; y,
  • e) Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.
La comisión debía investigar los hechos ocurridos desde mayo de 1980 hasta noviembre del 2000. Lo curioso de esto es que gran parte de tales hechos ya habían sido objeto de numerosos estudios, dentro y fuera del país, y estaban publicados en diversos libros y medios, tanto de la época entera del terrorismo como de casos específicos como La Cantuta, Barrios Altos, incluyendo la toma de la residencia del embajador del Japón y muchos otros, que fueron incluso escrutados por la prensa nacional e internacional. También hubo una comisión especial del Congreso de la República en el período 1985 - 1990 que investigó la violencia, además de la que formó el gobierno de Belaúnde para el caso Uchuracay. En suma, comisiones de investigación, así como estudios y publicaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en el Perú entre 1980 y 2000 habían de sobra. Existen incluso documentales fílmicos y hasta películas. Sin ninguna duda, no existe período de la historia peruana más estudiado que ese. Y es que además nunca hubo en el Perú dificultad alguna para que los medios, universidades y cualquiera que quisiera pudiese investigar y publicar. Los hechos de violencia en el Perú perpetrados por una banda de criminales de la izquierda comunista ocurrieron en plena democracia y con vigencia total de la libertad de expresión y prensa. Nunca hubo pues necesidad de una "Comisión de la Verdad" como pudo haber sido el caso de otros países que sufrieron violencia a manos de dictaduras oscuras.
Si no era pues encontrar una verdad ¿cuál podría haber sido entonces la verdadera intención de conformar esta "Comisión de la Verdad y Reconciliación" en el Perú, acto por demás audaz y sorpresivo de una gestión transitoria y de un jurista de reconocida filiación izquierdista? De hecho no era investigar a Sendero Luminoso y al MRTA, pues el detalle de sus actos ya eran públicos. Si prestamos atención al mandato preciso de la Resolución Suprema en su primer objetivo, y a la luz de los resultados, parece evidente que se perseguían los siguientes propósitos:
  1. Fabricar una verdad oficial acerca de por qué ocurrieron los hechos de violencia terrorista, de modo tal que no solo el Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, el MRTA y toda la izquierda peruana en su conjunto (cómplices en mayor o menor grado de la violencia terrorista, por omisión o simpatía), limpiaran su imagen ante la historia, como de hecho ocurrió.
  2. Iniciar la cacería indiscriminada de militares y policías que actuaron contra el terrorismo, y no solo de quienes cometieron excesos y abusos, tal como de hecho ocurrió y sigue ocurriendo hasta hoy, como un acto de escarmiento y de amedrentamiento para el futuro.
  3. Ahondar mediante la vía de una comisión oficial dotada de poderes especiales, en la investigación de agentes del Estado, mandos militares, estrategias de operaciones contra terroristas, especialmente las ocurridas en el gobierno de Alberto Fujimori, que dieran pie a la desarticulación de tales servicios y la identificación, juzgamiento y condena de sus miembros, como de hecho ocurrió. 
  4. Mellar la imagen pública de las FFAA y Policía Nacional como agentes de opresión al servicio de un poder, siguiendo la lógica de la ideología marxista.
  5. La restitución de la izquierda en el escenario político nacional con una nueva imagen vinculada ahora a los derechos humanos, la ética, la moral y la democracia, como de hecho ocurrió.
Basta con leer el encargo específico dado por el Decreto Supremo cuando dice "Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú". Es decir, ya en este párrafo se sugiere que la violencia no es culpa directa de un partido político de izquierda, ejecutando un programa de guerra popular y conquista del poder mediante la violencia, que fue el predicamento de toda la izquierda peruana desde fines de los años 60. Ya en estas líneas se sugiere que las causas fueron condiciones políticas, sociales y culturales. De hecho, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación recoge este planteamiento manipulador de la verdad, atribuyendo las causas de la violencia a las condiciones de pobreza, miseria y marginación. No dice una sola palabra sobre la actuación de la izquierda peruana en los años previos al inicio del terrorismo senderista ni su papel frente e este, no dice nada de la influencia de la ideología marxista en la formación de los partidos de izquierda y en la mentalidad de los jóvenes universitarios. En este caso deja solo al PCP-SL como si este hubiera sido el único partido en seguir y defender tales ideologías. Pero ya hablaremos del informe más adelante. Solo debemos dejar en claro las oscuras intenciones que hubo detrás de la creación de esta Comisión de la Verdad y Reconciliación, que lejos de reconciliar a los peruanos generó una nueva época de confrontación, un nuevo modelo de violencia política basada en la más pura vendetta, utilizando para ello los estamentos jurídicos nacionales e internacionales, pues gracias a otra maniobra bien urdida por Diego García Sayán, el Perú se allanó frente a la CIDH sin reservas. Así fue como la izquierda inició su feroz cacería de militares y policías en la que no solo se perseguía al autor del delito sino a todo el pelotón o a todo el destacamento, incluyendo, por último, al mismísimo Presidente de la República, acusándolo de ser "autor mediato". 

A causa de esta nueva modalidad de abuso legalizado, de venganza disfrazada de justicia, muchos militares purgaron cárcel injusta y debieron esperar varios años para salir libres, sin condena alguna. Algunos, como el general Walter Chacón, al cabo de 11 años de encierro injusto y sin proceso ni condena, pudo salir en libertad gracias a una resolución del Tribunal Constitucional. Estas cobardes acciones encabezadas por una jauría de ONGs de DDHH y jueces con aspiraciones históricas, han sido vistas por la mayoría del país con náusea e indignación. Una nueva época de cacería de brujas fue emprendida por una moderna forma de Santa Inquisición que, dejando de lado el contexto histórico en que sucedieron los hechos, olvidando la realidad crítica que atravesó la nación en su desesperada defensa contra la agresión terrorista de izquierda, solo se abocó a la insulsa defensa de una abstracción llamada Derechos Humanos, para juzgar y condenar a quienes salieron justamente en defensa del orden constitucional, la ley y la sociedad. En última instancia, la izquierda utilizó nuestras propias leyes y todo el sistema jurídico nacional e internacional para defender a los terroristas, conseguirles nuevos juzgamientos y hasta resarcirlos económicamente. Toda esta época perversa  de tergiversación del sentido real de la ley y la justicia, empezó con la creación de la CVR.
Si con lo dicho hasta aquí aún no ha quedado en evidencia la verdadera intención de la CVR, luego de ver a sus integrantes no quedará ya la menor duda. Como se dijo, inicialmente los comisionados iban a ser siete, pero luego se amplió su número hasta doce. Sin embargo, los siete iniciales son la clave de toda esta comisión, pues se trata de personajes que tienen una clara vinculación con la izquierda peruana, algunos incluso con trayectoria partidaria radical, y hasta camaradería compartida con Abimael Guzmán. Tales son los casos de Carlos Tapia, Enrique Bernales y Carlos Iván Degregori, colega y compañero de Abimael Guzmán en la UNSCH. Además se incorpora a Alberto Morote, rector de la UNSCH (Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, sede y origen de Sendero Luminoso. En general, la composición de la CVR estaba a cargo de miembros vinculados a la academia (principalmente una argolla de la PUCP) y a ONGs con orientación de izquierda, incluyendo a la nefasta Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, asociación que agrupa a muy activos y fervientes defensores de terroristas, como APRODEH, órgano del MRTA. De hecho la CNDDHH está convertida hoy en la principal agencia de persecución de miembros de las FFAA y PN, y dedicada básicamente al enjuiciamiento del Estado ante la CIDH en busca de reparaciones económicas para terroristas y otros.
Desde su origen viciado y su composición absurda, la CVR nunca logró ganar el consenso y el respeto de los peruanos. Ni siquiera en Ayacucho donde fue vista con mucho recelo porque sus integrantes eran ya muy conocidos debido a su paso por la UNSCH. Al final los ayacuchanos mostraron un rechazo mayoritario a la ostentosa y aparatosa ceremonia de entrega del informe final en la Plaza de Armas. Además de sus vinculaciones de izquierda y su amistad con líderes terroristas, algunos miembros de la CVR ya habían publicado sendos estudios sobre el fenómeno senderista, pues lo conocían de cerca y desde adentro, como fue el caso de Carlos Iván Degregori, principalmente, de modo que su posición ya era bastante conocida. Pero hubo también muchos otros integrantes de segundo nivel en la gran argolla caviar de la CVR, que aportaron y publicaron estudios a lo largo de los 80. No iban pues a la CVR a hacer nada nuevo. Simplemente reprodujeron sus estudios previos. La mayor parte del tiempo lo dedicaron a recoger testimonios, especialmente de las víctimas de las FFAA. Es conocido que en Ayacucho se regó la noticia de que quienes denunciaran los abusos de los militares recibirían una compensación económica, las llamadas "reparaciones" que ya el Decreto Supremo autoriza como mecanismo de "dignificación" de las víctimas. Así fue como se recopilaron más de 17 mil testimonios, entre ellas unas 400 sobre violaciones atribuidas mayoritariamente a las FFAA. Desde luego, en todo el proceso el espectáculo estaba garantizado. Se tuvo mucho cuidado para montar el escenario de la teatralización del drama buscando sin duda sensibilizar a la población para ponerla en contra de los militares y policías, preparando de este modo el escenario para la cacería. No nos olvidemos que el Decreto Supremo encarga a la CVR identificar las responsabilidades. 
Muy al margen de lo que pretenden distinguidos personajes de la izquierda peruana, es hora de reconocer que la actuación general de lo que candorosamente llamaron Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido contraproducente y de poco provecho para la sociedad. Cosa que no debe sorprenderles a ellos puesto que la CVR nunca se pensó para el provecho de la sociedad sino de la izquierda. No se puede negar que la CVR mereció la duda o el rechazo mayoritario del país desde el principio debido a su existencia viciada, inconsulta, sorpresiva, sospechosa y prepotente. En seguida este sentimiento creció a causa de su trabajo teatral y, finalmente, por el contenido central de su Informe Final que al margen de un par de datos increíbles, no aporta absolutamente nada nuevo como historia. Peor aún, es un hecho irrefutable que tal informe no contiene la verdad en su esencia, es decir, en su explicación de las razones de la violencia. Más aún, procura ocultarla, disfrazarla. Eso ha generado el repudio mayoritario de la sociedad peruana, pese a la prepotencia con que la izquierda pretende imponerlo como una verdad única. Si bien la mayor parte del informe está dedicada a la narración detallada de casos, lo medular se concentra en la explicación de lo que mañosamente llaman "conflicto armado interno". Allí es donde, como veremos luego, está el germen de la mentira y el engaño que la izquierda pretende pasar de contrabando.
Sin duda la CVR nació ilegítima. Nunca hubo lo que llamaron “un clamor de la sociedad por conocer la verdad”. Falso. Esa fue la retórica que usaron en el informe para justificar un proyecto que nació de la mente de Diego García Sayán, apoyado por un grupito menor de intelectuales de izquierda allegados suyos; fue pues un proyecto con claros intereses de grupo. Además de las coordinaciones nunca aclaradas que se habrían hecho con el mismo Abimael Guzmán Reynoso, algo que aun está pendiente de investigar y que merece ser esclarecido. Tal como ya se ha dicho, la Comisión de la Verdad necesita una Comisión de la Verdad. Pero pasemos ahora a examinar más de cerca su trabajo.
  

El Informe Final de la CVR

La CVR se conformó en un momento político inoportuno, pues en el ambiente se respiraba aún el humo de las barricadas callejeras, y estaba vivo un fuerte sentimiento de rechazo a los aspectos negativos que significaron la caída del fujimorismo y del militarismo que caracterizó su gestión. No era pues prudente iniciar una investigación en ese momento de pasiones desbocadas. La prueba tangible de esto se lee apenas en la introducción del Informe Final de la CVR cuando dice:
“En el año 2000 el Perú inició una nueva transición a la democracia. Se retomaba así una promesa muchas veces defraudada en la historia del país. Este nuevo intento empezó después de la caída de un gobierno autoritario y corrupto“.
Esta muestra de lenguaje panfletario que es poco digna de un documento oficial del Estado Peruano y más bien propia de un pasquín de izquierda, se repite en varias páginas del voluminoso documento, demostrando la clara inclinación e intencionalidad política que domina todo el Informe Final de la CVR. No estamos negando acá que el gobierno de Fujimori haya sido corrupto, o para ser más preciso, quizá más corrupto que otros, por lo menos ante las evidencias fílmicas poco usuales en nuestra historia. En cuanto a si fue autoritario, ese es apenas un estilo de gobierno tan aceptable como cualquier otro, y a veces muy necesario, especialmente en épocas como la que tuvo que enfrentar Fujimori. Sin embargo nada de eso viene al caso en el Informe de la CVR. Su misión -por lo menos oficialmente- no era juzgar al gobierno de Fujimori. Por ello esto deja en evidencia que dicho informe no es objetivo ni imparcial y que esconde unas intenciones, como ya veremos.

No era misión de la CVR calificar al gobierno de Fujimori sino simplemente mostrar los hechos que le atañen. Pero esa muestra de lenguaje apasionado y hasta procaz revela el fondo de su verdadera misión. Uno podría preguntarse legítimamente ¿cómo es posible que una comisión llamada de "reconciliación" se exprese así de un gobierno, sobre todo sabiendo que representa, aunque no les guste, a cerca del 30% de la población? ¿Con quién era que se buscaba esa supuesta "reconciliación"? Pues es evidente que la CVR solo buscaba la reconciliación del país con la izquierda. Ese es en realidad todo el meollo del asunto. El documento de la CVR, además de recopilar testimonios y narrar hechos hasta un nivel de detalle por demás insulso, expone una honda preocupación por “explicar” la violencia de Sendero Luminoso. Una explicación que resulta siendo más una burda justificación de la barbarie senderista, apelando a las condiciones de marginación y a la pobreza. Es decir la clásica teoría marxista según la cual la pobreza no solo genera la violencia sino que la justifica en la búsqueda de un cambio mediante la conquista del poder. Un disparate que se ha venido repitiendo insistentemente en todos los textos de izquierda, incluyendo documentos oficiales del Estado. Ese es el dogma que quieren imponer los artífices de la CVR y la izquierda en su conjunto a nuestra sociedad, es decir, que la única culpable de la violencia es la pobreza y que el culpable de la pobreza es el capitalismo. Según la visión ideológica de los autores del informe, conocidos seguidores además del marxismo, lo que ocurrió en el Perú no fue más que el desarrollo de hechos históricos que no se podían evitar pues estaban encuadrados dentro de la lógica del curso ineluctable de la historia. La violencia vivida por el Perú en manos de Sendero Luminoso y del MRTA fue tan solo el producto del curso natural de la historia del Perú debido a sus condiciones económicas. Esta es la clave de la magia retórica de la CVR. De hecho es exactamente la fórmula de Marx: capitalismo -> pobreza -> revolución. 

Pero más allá de apelar a la teoría marxista para interpretar la historia de la violencia y justificarla, hay otros elementos curiosos de manipulación de la verdad, tales como equiparar ambos frentes de la violencia, dando así la impresión de que, en efecto, existía una guerra civil. Hay una clara intención de establecer la tesis de la guerra civil, desde que se emplea el concepto "conflicto armado interno", un concepto que pertenece al Derecho Internacional Humanitario. No es pues casual el empleo de dicho término. La tesis de fondo es que existían dos frentes de batalla en igualdad de condiciones y a los cuales hay que darles el mismo rango y trato de combatientes. Los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA estaban pues, según la CVR, al mismo nivel que las FFAA y PN. Esta manera de enfocar el asunto busca también, evidentemente, conseguir un tratamiento jurídico especial para los terroristas, pues las leyes peruanas los consideran simples delincuentes. Es parte de la "reconciliación" que busca la CVR cambiar ese estatus de delincuentes y elevarlos a la categoría de combatientes, y por lo tanto, con derechos especiales en su juzgamiento.

En contraparte a las amplias consideraciones sociológicas que se dedican a comprender el accionar terrorista, no existe en el informe de la CVR ningún interés ni esfuerzo por explicar la acción de las FFAA. No hay la más mínima reflexión, solo señalamiento, adjetivación y condena de sus faltas. No se indica, por ejemplo, que luego de doce años de dictadura militar las fuerzas armadas y policiales carecían de formación cívica y democrática, desconocían además las maneras de actuar en un escenario como el que les tocó enfrentar al terrorismo. Nunca tuvieron un entrenamiento apropiadao para dicha tarea. Tuvieron pues que improvisar. Tampoco la legislación peruana estaba preparada. El informe no dice nada sobre la ausencia de una doctrina de guerra interna en las FFAA. Ni siquiera se intenta apelar a los conocidos procesos traumáticos que generan las situaciones bélicas. El muy pobre análisis psicológico se concentra apenas en el miedo de las víctimas civiles, como si los soldados no viviesen igualmente un escenario de amenaza a su propia integridad. No hay pues ninguna consideración con las FFAA y policiales. No podemos dejar de mencionar el hecho vergonzoso que los oficiales de las FFAA -y solo unos pocos- fueron llamados a testificar ante la CVR cuando ya había acabado su labor y el informe estaba en imprenta. El testimonio de los oficiales no fue incluido ni en la página web de la CVR, ni por cortesía elemental. Un hecho que pinta de cuerpo entero lo que fue la CVR. 

Cabe preguntarse ¿qué clase de verdad es la que se fabrica con los testimonios de las víctimas pero no de las FFAA? Por otro lado, si bien se escucharon a algunos miembros de la izquierda, estos no contribuyeron en nada al conocimiento de la verdad, ya que se limitaron a hacer apología de su ideología y rechazo de las FFAA. ¿Cómo puede entenderse lo ocurrido sin conocer el papel directo que jugó la izquierda en los años 70, durante al formación ideológica de los militantes? ¿Acaso no se habían pasado dos décadas predicando la lucha armada y la guerra popular? Pero nada de esto se menciona. Debemos reconocer que la CVR no estaba interesada en investigar ninguna verdad debido a que muchos de sus miembros eran académicos de izquierda y ya habían publicado sendos estudios acerca del fenómeno de la violencia, por lo que no hicieron más que replicarlos. Eran expertos en terrorismo y daban por descontado el conocimiento de lo ocurrido. Lo habían publicado en varios libros y artículos desde hacía mucho tiempo, habían asesorado a investigadores extranjeros en la materia y hasta daban conferencias sobre el terrorismo. En consecuencia, todo lo que hicieron fue limitarse a escuchar a las víctimas que buscaron afanosamente, y en especial a las víctimas de las FFAA y policías. Esa fue realmente su labor, además de apelar a la teoría marxista de la violencia como consecuencia de contradicciones sociales, fabricando un falso escenario para mostrar un conflicto entre dos frentes iguales, es decir, las FFAA enfrentando a un ejército regular del pueblo o de ciudadanos alzados. Pero lo cierto es que el pueblo jamás apoyó ni a SL ni al MRTA. Estos nunca pasaron de ser una banda de lunáticos y criminales.

De otro lado -y de manera descarada- se soslaya por completo la responsabilidad directa de la izquierda nacional, que con su prédica permanente de violencia política, su invocación constante a la guerra popular y sus llamados a la lucha armada durante los años 70 fueron el factor determinante y directo para el origen de la violencia en el Perú. Es cierto que se señala a Sendero Luminoso como el iniciador de la violencia. Si bien la historia de la izquierda -y particularmente de SL- está presente como narración de sucesos en el informe de la CVR, en cambio no se le considera como el factor determinante y directo de la violencia. Más bien se tiende a sacar a la izquierda y a SL del foco del análisis ulterior para trasladarlo a las condiciones históricas de los Andes y perderse en inútiles análisis sociológicos, tratando de atribuirle las causas de la violencia a la marginalidad y la pobreza. Resulta obvio pues que ese es uno de los fines principales de la CVR: soslayar la responsabilidad directa del PCP-SL y de toda la izquierda peruana en su conjunto. Hay que reconocerlo. Al final Sendero Luminoso queda como un grupo equivocado, pero en busca de la justicia social.

El informe pretende presentar como prueba de su aseveración el hecho de que la mayor cantidad de muertes se presentó en Ayacucho, “el departamento más pobre del Perú”. Incluso se atreven a afirmar que esto es una prueba de racismo. Algo que revela su intención manipulativa, pues si hubo más muertes en Ayacucho fue porque Sendero Luminoso surgió allí, y no precisamente por la pobreza sino por la presencia de la UNSCH y de Abimael Guzmán en sus aulas. Sostener que hubo racismo porque la mayoría de muertos fueron andinos quechuahablantes es olvidarse que esa es precisamente la población mayoritaria de las zonas que Sendero Luminoso eligió para desarrollar su guerra popular. No se puede ser pues tan falaz.

En el análisis de las condiciones históricas, sociales, políticas y económicas, el informe tampoco menciona en lo absoluto la situación crítica en que la Reforma Agraria de Velasco Alvarado dejó el campo, provocando no solo la miseria de los campesinos sino la gran ola migratoria hacía la costa, y especialmente hacía Lima. Tampoco se dice nada de los predicadores de izquierda que el gobierno de Velasco envió al campo como una plaga de langostas, con la intención de adoctrinar a los campesinos instándolos a rebelarse contra los hacendados, sembrando así la semilla del odio de clase y la receptividad ideológica del mensaje ulterior de Sendero Luminoso. No hay que olvidar que Velasco sembró por todo el país sendos carteles que decían "Campesino: el patrón no comerá más de tu pobreza". Un mensaje que se repitió como consigna durante mucho tiempo, sirviendo incluso como inspiración para canciones vernaculares y criollas. Nada de esto se dice. Todo, absolutamente todo lo que afecta a la izquierda se soslaya convenientemente en la explicación de la violencia.

El informe de la CVR debe ser convenientemente analizado para demostrar sus falencias. Se necesita una comsión del Congreso que investigue el origen real de la CVR y estudie su informe para verificar que es copia de otros estudios y además totalmente sesgado. Solo se ha añadido un cúmulo de testimonios con los que rellenan sus capítulos, entrando en el detalle minucioso de los casos. Un documento de análisis debería alejarse del nivel de detalle de los testimonios directos para desarrollarse en un nivel superior, donde surge el panorama general y se obtiene visión del escenario. Esto no sucede. La mayor parte transcurre al nivel de la narración directa de testimonios concretos, al mejor estilo de los noticieros matutinos de la TV que se detienen largamente en los detalles más morbosos pero a la vez intrascendentes de los crímenes.

Por todo esto no nos equivocamos al afirmar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú fue el timo colectivo más grande que se haya perpetrado en la política peruana, y un verdadero escándalo político urdido por la izquierda para lavarse la cara. El resultado final de la CVR fue un fracaso rotundo. Nunca sirvió para saber la verdad ni para la reconciliación sino todo lo contrario, además de engañar mediante una explicación sesgada de la historia, encendió la cacería de militares y policías, preparando el ambiente para la condena de Alberto Fujimori por "crímenes de lesa humanidad", sin prueba alguna y apelando tan solo a una teoría jurídica. Es decir, quien derrotó al terrorismo de la izquierda y detuvo el baño de sangre en el que este nos hundió, es quien acaba sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Son las paradojas de la errática historia peruana. ¿Cuál ha sido el mayor mérito de la CVR? Que haya recogido más de 17 mil testimonios resulta francamente irrelevante. La mayor cantidad de casos no cambia la comprensión del fenómeno. Su misión era entender el fenómeno y no recopilar casos. Eso es solo acumulación de datos. Más bien nos preocupa la forma en que pudieron procesarse tantos testimonios en tan poco tiempo. ¿Hay otro mérito? La recomendación de otorgar reparaciones ya estaba en el Decreto Supremo de su creación. No hacía falta armar todo ese circo para iniciar la inscripción de denunciantes y programar sus pagos.

Por todo lo dicho hasta acá es obvio que la intención principal detrás de la CVR fue cambiar la historia y enseñar una historia oficial, porque eso es lo que se pretende ahora. Sería inconveniente y contraproducente que se pretenda imponer por fuerza la enseñanza del Informe Final de la CVR como si fuera la verdad única de los hechos. Hay un fanatismo curioso y hasta desesperación en la izquierda en torno al informe de la CVR. Quieren convertirlo en una especie de Biblia y ya han empezado a rendirle culto como “documento fundamental”. Pero una cosa es el informe de la CVR y otra es la verdad. No se trata solo de la narración de ciertos hechos sino de entender por qué ocurrieron, pero sobre todo quién carga con la responsabilidad histórica de la masacre. Evidentemente la izquierda anda muy interesada en difuminar sus responsabilidades directas en la formación ideológica de los militantes y en la determinación de los objetivos revolucionarios, así como en ocultar sus silencios y simpatías iniciales al accionar de SL. Lo cierto es que la izquierda se limitó a condenar -a veces magramente y solo por condescendencia pública- determinadas acciones de SL como la salvaje masacre de Lucanamarca, pero en general era notorio su apoyo soterrado a las acciones subversivas. Incluso hoy mismo es evidente sus simpatías por el terrorismo en el accionar de las ONGs de DDHH. Solo al final, cuando SL empezó a golpear más duro en la capital y la indignación se apoderó de la ciudad, la izquierda trató de alejarse de SL, aunque muchos líderes de izquierda aguardaban ansiosos el triunfo de SL. Eso es algo que me consta personalmente. Por todo esto es que la izquierda necesita que el informe de la CVR sea aceptado como una verdad incuestionable. Están tratando de mostrarlo a la sociedad como si fueran las Sagradas Escrituras. Pero hay que rechazarlos.

A los legos en materia de lectura y a los iletrados funcionales que hoy abundan, hay que explicarles que el informe de la CVR no fue escrito por periodistas, o sea no es la simple crónica de unos hechos. En gran parte quizá lo sea, pero no en las partes fundamentales donde se “explican” las causas. Allí es donde un lector avisado se da cuenta de que se despliegan una artes mágicas, un trabajo de albañilería semántica, un afán por construir una verdad antes que simplemente mostrarla. Ese es un trabajo de sociólogos y antropólogos acostumbrados a fabricar realidades, tal como lo hacen frente a unas ruinas, unos cerámicos y unas osamentas. No es pues un trabajo inocente, como muchos creen. Se necesita cierta base intelectual para leer ese informe como corresponde. No es un cuento de hadas pero podría funcionar así.

En un examen de forma, el informe de la CVR deja mucho que desear. Muchas cosas se repiten en varios capítulos y, lo peor de todo, hasta se contradicen. El informe es excesivamente extenso, tiene una inútil amplitud de escenarios que en nada contribuyen a la cuestión central. En varias páginas simplemente divagan. Tiene vicios de redacción. Recuerdo haberme reído con una nota al pie que decía “Véase las reflexiones de Plejanov”. Me recordó los panfletos de San Marcos en los 70. Eso ya nos da una idea del sesgo que tienen los redactores.

En realidad grandes partes del informe -si no todo- tienen el típico sesgo de la redacción sociológica, pero de las malas. No es pues una obra literaria. Concedo que resulta valioso en su balance final si se le valora como fuente de información reunida de primera mano, es decir, de testimonios de participantes directos y documentos originales. En ese sentido, y solo en ese sentido, puede ser valioso. Aunque también es cierto que existen otras fuentes igual de buenas como reportajes periodísticos, investigaciones fiscales y policiales, debates del Congreso, panfletos, atestados judiciales, libros, etc. O sea, como he dicho siempre, la CVR nunca fue indispensable en el Perú porque la agresión terrorista sucedió en democracia y en vigencia plena de la libertad de prensa y expresión. Incluso muchos casos fueron descubiertos y revelados por la prensa, y existen varios libros sobre casos puntuales. Nunca hubo pues ninguna “verdad” que descubrir en el Perú. Todo estuvo siempre a la luz. 

A diferencia de lo ocurrido en otros países como Argentina, Chile o El Salvador, donde los conflictos sucedieron durante y por causas de una dictadura, este no fue el caso del Perú y por eso una Comisión de la Verdad no tenía ningún sentido acá. Pero lamentablemente somos copiones de todo y no pudios evitarlo. Tenemos una casta de intelectuales snobs a quienes les fascina seguir modas internacionales. Además de las razones ocultas que ya hemos expuesto para la creación de la CVR, podemos añadir la típica debilidad de ciertos personajes de izquierda, conocidos como caviares, por figurar y hacer cartel político a costa de causas nobles. De hecho tienen también un gran interés crematístico. Así crearon la CVR con la finalidad de darnos supuestamente “la verdad” acerca de la violencia, incrementar su perfil, ganar prestigio (luego Diego García Sayán sería nombrado Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y de paso armar un excelente negocio al rededor de una selecta argolla cercana a la PUCP y las ONGs. Cabe decir acá que la CVR es de lejos la más costosa de todas las comisiones de la verdad que se crearon en Latinoamérica, y la que menos credibilidad ha conseguido, además de ser la que peores resultados generó en la sociedad con su trabajo. Toda una hazaña de la izquierda caviar.

La explicación del conflicto armado

Pero demos una mirada más de cerca al informe final de la CVR. Vamos a centrarnos en un solo capítulo crucial. El capítulo 1 de la segunda parte (Tomo VIII) titulado “Explicando el conflicto armado interno“. En principio debería usarse la expresión “agresión terrorista” y no “conflicto armado interno” que es un concepto propio del Derecho Internacional Humanitario, usado para otro tipo de contextos. Acá no hubo un conflicto armado, en el sentido en que se entiende esto normalmente, es decir, el enfrentamiento de dos sectores beligerantes representando a segmentos divergentes de una misma nación que toman las armas y se enfrentan, o un grupo de ciudadanos armados tratando de derrocar un gobierno ilegítimo y enfrentados al ejército que protege a ese poder usurpador. Nada de eso. Lo que hubo en el Perú fue simple y llanamente una agresión de tipo terrorista por parte de dos grupos de izquierda, organizados cual bandas de criminales. Toda la diferencia estriba en que no secuestraban, asesinaban, extorsionaban, destruían propiedades, ni robaban para enriquecerse sino para tomar el poder político. Curiosa manera, pero esos son los hechos extremos a los que puede llegar una mente delirante, perturbada por una ideología nefasta. De manera pues que dicho escenario no califica como "conflicto armado interno". Se trató de dos bandas criminales politizadas que jamás alcanzaron apoyo popular. Más nada. Era obvio que tales grupos tuvieran que ser repelidos con la fuerza pública de un Estado democrático, incluyendo el empleo de las FFAA. Eso no basta para emplear el concepto de “conflicto armado interno”. Sin embargo ese es el término de uso general en todo el informe, y es una muestra de cómo se juega con el idioma para ir construyendo una falsa realidad y una “verdad” a la medida.

El uso de los términos es importante porque tratándose de una comisión nombrada por el Estado peruano, su documento adquiere el carácter de documento oficial y sus implicancias jurídicas son gravitantes. Bajo la denominación de “conflicto armado interno” los terroristas pueden alcanzar el estatus de presos políticos. Así que la CVR comete allí su primer gran error, y no lo hace inadvertidamente porque sus integrantes no son tontos sino zurdos. Así como uno examina la calidad de los ladrillos cuando construye una casa, debemos vigilar el lenguaje y las palabras porque acá se está construyendo una realidad hecha con palabras.

Más allá del título este capítulo empieza bien, va directo al grano identificando a los delirantes integrantes de Sendero Luminoso como los causantes de la masacre. Pero acto seguido viene el truco de magia en que la responsabilidad y la culpa de SL desaparecen bajo la manga. Veamos.

Después de describir las características mesiánicas y caudillistas de Sendero Luminoso, dejando claro que se trató de una secta de fanáticos idiotizados por una absurda ideología que pretendía una sociedad perfecta a costa de un baño de sangre, el informe se pierde inmediatamente en la vaguedad para empezar a enumerar las condiciones históricas del Perú a principios de los 80. Y es en ese momento cuando se empieza a deslizar la idea de que hay “otros factores” que explican la violencia tales como la pobreza, la desigualdad, el centralismo, la brecha de género, la crisis del Estado, etc. Allí comienza una enumeración cansada de las características del Perú asumiendo que todo ese escenario triste y fatal es el responsable de la violencia. Algo que resulta evidentemente falso. El verdadero responsable ya acababa de ser señalado directamente al principio del capítulo. ¿Para qué le dan más vueltas al asunto? Para lavarle las manos a SL, obviamente, para diluir su responsabilidad cargándosela a la "injusticia social del sistema". Ergo, SL tenía nobles y buenas intenciones al luchar por cambiar ese sistema. El mensaje está implícito.

Este informe se pierde en vaguedades con un solo propósito: tratar de eludir la responsabilidad directa de Sendero Luminoso. En una parte lo dice, pero luego le echa paja para que ese señalamiento quede oculto tras un cúmulo de condiciones precarias que, en efecto, tiene nuestro país desde que fue fundado, y aun conserva. En general este informe da muchas patinadas alrededor de los mismos tópicos pero descuida cuestiones gravitantes en su análisis. Por ejemplo, no aborda las condiciones históricas mundiales durante la Guerra Fría, las cuales incidieron en la presencia de partidos políticos de izquierda en nuestro país que respondían a los intereses de Moscú y Pekín. Más aún, muchos eran financiados desde el extranjero. Cuba fue el centro de adoctrinamiento y entrenamiento de la guerrilla latinoamericana, como también lo fueron Nicaragua y Argentina. Todo esto indica pues que el accionar de los grupos de izquierda no obedecía a las condiciones históricas del Perú sino a las condiciones de la política mundial. Se trataba de una mera lucha ideológica completamente alejada del pueblo peruano y de la realidad peruana. Por consiguiente, no cabe enumerar las condiciones de la pobreza ayacuchana como pretexto del terrorismo de SL pro Chino.

El informe de la CVR tampoco hace mención de la situación de precariedad institucional en que nos dejó la dictadura militar. El velasquismo generó una época de cuestionamiento de los valores tradicionales, estableciendo el enfrentamiento al sistema, al orden y a la autoridad como los nuevos valores de la sociedad. Tampoco dice nada de la absurda actitud del Estado para considerar la “autonomía universitaria” como una especie de zona liberada, donde se instaló una especie de Vaticano comunista en el que se formaban los terroristas, cancelando la educación superior sin que el Estado hiciera absolutamente nada. Se mencionan ciertos hechos pero no se consideran como elementos en la formación de esa “explicación”. Tampoco se aborda para nada el papel de la izquierda parlamentaria de esos años, que impedía un accionar contundente por parte del Estado mostrándose más bien hipersensibles a todo accionar militar. No hay un capítulo dedicado a ellos, cuando merecen tenerlo. La estrategia de la CVR es eludir la responsabilidad de la izquierda dejando solo a SL, aunque diluyendo su culpa mediante la pobreza de Ayacucho.

El capítulo dedicado a la Universidad Mayor de San Marcos es decepcionante porque empieza en los 80 y llega hasta el 92. ¿Qué pasó con los años 70? Fue en los 70s cuando se gestan los partidos fundamentalistas de la izquierda. Es el período cámbrico de la izquierda peruana. Nada de eso se aborda, como si no tuviese nada que ver en la génesis del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso. Como si la izquierda no se hubiese pasado toda esa década pregonando, alentando y anunciando el inicio de la guerra popular, la lucha armada del campo a la ciudad, la conquista del poder mediante la violencia. Nada, absolutamente nada se dice de aquella época embrionaria de la violencia política en el Perú, y de la cual fueron parte la mayoría de los comisionados. Por otro lado, tampoco se toma en cuenta la situación de postergación y precariedad en que quedaron las fuerzas policiales luego del maltrato recibido de parte del gobierno militar, hecho que le dio enormes ventajas iniciales a Sendero Luminoso, más aún cuando en medio de la agresión terrorista Alan García decidió torpemente reorganizar las FFPP unificando las tres escuelas. Tampoco se considera la situación psicológica y cultural del policía y del militar que después de doce años de dictadura militar quedaron con una actitud muy poco cívica. 

Así pues, mientras que la CVR despliega todo su esfuerzo en hallar “factores concurrentes” que justifiquen el accionar senderista, no hace lo mismo para explicar las formas de respuesta que tuvo la acción policial y militar. Hay allí un grave sesgo y una diferencia grosera en el abordaje y tratamiento de ambos frentes de la violencia desatada. No es claro en señalar las responsabilidades de Sendero Luminoso. En este punto es necesario señalar el truco. Es cierto que señalan a Sendero Luminoso como el principal responsable, pero inmediatamente después dedican varias páginas a lavarle las manos apelando a las condiciones históricas del Perú. Dice por ejemplo que SL se nutre de una tradición peruana en el radicalismo, que “resulta muy comprensible en el contexto histórico de discriminación y exclusión social”. ¿No es una manera de lavarles las manos?

En realidad el informe hace una inútil arqueología histórica en busca de causas en las condiciones históricas del Perú, cuando no hace ninguna falta porque SL no se basó en las condiciones históricas del Perú sino en un programa político que copió de la Revolución Cultural de Mao. El informe también reconoce esto, incluso reconoce que se trataba de fanáticos delirantes, prácticamente dementes. Pero a pesar de ello se insiste en recorrer la historia del Perú en busca de justificaciones al accionar terrorista. Apela a cuestiones completamente accesorias para levantarlas como “factores concurrentes”. Por ejemplo, la pobreza de Ayacucho. Encima se trata de un documento mal redactado. Hay partes que tienen un lenguaje verdaderamente informal y poco elegante, por decir lo menos. Hay varios capítulos con apreciaciones muy discutibles dado que no son nada objetivos. Por el contrario, hacen gala de enjuiciamientos muy subjetivos, sesgados, guiados por un afán sociológico de pintar un escenario complejo donde todas las condiciones, incluyendo el clima, son parte de los famosos “factores concurrentes” que ayudan a explicar el fenómeno. Algo que resulta francamente patético. No tienen una ponderación equilibrada de sus criterios y eso obliga a que los temas sean tratados sin una clara prioridad y sin un sentido de coherencia.

Como si fuera la cereza del pastel, el capítulo final dedicado a la "Reconciliación", no es menos tendencioso. Allí se plantea que quien debe reconciliarse con la sociedad es nada menos que el Estado y las FFAA. En primer lugar se impone la idea de que el informe de la CVR es "la verdad" y que debido a ello constituye una herramienta para la reconciliación. Dice así: "El proceso de la reconciliación es hecho posible, y es hecho necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos añostanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos como a la explicación de las causas que los produjeron−, así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia". Sin duda el informe es en gran medida una recopilación de testimonios y narración de hechos, sin mencionar que muchos de esos hechos y testimonios fueron falsos, tal como ya ha probado el Gral. EP (R) Alejandro Murgueytio Yañez, a quien la CVR acusa de muertes inexistentes y menciona nombres de personas vivas.

En suma, para la CVR quien tiene que pedir perdón finalmente por toda la violencia es el Estado y las FFAA. Nadie más. Y lo dice así: "En tal sentido, la reconciliación comprende tres niveles: 1) en el nivel político, es una reconciliación entre el Estado −incluyendo a las Fuerzas Armadas− y la sociedad". Lo demás son cosas idílicas como que la sociedad debe reconciliarse consigo misma. Lo que queda claro es que en primer lugar es el Estado y las FFAA los que deben agachar la cabeza y pedir perdón. No hay ninguna mención a los grupos terroristas, salvo que se les incluya en la mención a los "partidos políticos", lo que parece ser la intención de la CVR. Al final, la famosa reconciliación se convierte en un gran negociado a cargo de las ONGs de DDHH en busca de las reparaciones que sugiere la CVR a favor de las víctimas.

Podemos olvidarnos del informe final en su conjunto y dedicarnos tan solo a las “Conclusiones Generales Finales“. Hay 171 conclusiones. En casi todas ellas la CVR se dedica a constatar hechos que ya todo el mundo sabía. Toda su enumeración es una lista de verdades vox populi, incluyendo la vergonzosa actitud de ocultamiento político de los apristas respecto de los excesos que cometían las FFAA, y que fue parte del desgobierno total que vivió el país durante la primera gestión de Alan García, cuando el país estaba librado al caos en todo sentido. La única aportación de la CVR es la cifra espeluznante de muertos, una cifra que nadie le cree, pese a su exactitud matemática: 69,280. 

En resumen, los factores del fracaso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fueron estos:

a) Su creación inesperada, sorpresiva e inconsulta. No contó con el consenso político ni social, y su gestión fue prácticamente una imposición a cargo de un segmento político allegado al nuevo régimen. 

b) Su conformación no contó con el requisito indispensable de la imparcialidad de sus miembros. Todo lo contrario, la mayoría de sus miembros tuvo un marcado tinte ideológico y político muy conocido y, además algunos incluso tenían ya trabajos publicados sobre la materia a investigar. 

c) La rapidez de su conformación, apenas después del cambio de gobierno ante la caída del régimen de Alberto Fujimori, no solo lo hizo sospechoso sino que el matiz de sus miembros confirmó la intención de centrar su investigación en este régimen, lo que se confirma desde el inicio de su informe. Todo eso le otorgó al accionar de la CVR el carácter de vendeta política de la izquierda.

d) El contenido ideológico del informe final tiene un claro sesgo marxista en todas las partes en que aparece un análisis sociológico, por lo que finalmente centra su enfoque en la miseria y la pobreza de los Andes que todo lo justifica.

e) El accionar de la CVR dejó en evidencia un maltrato sistemático a los miembros de las FFAA y polícía. Por el contrario, hay un abandono casi total del análisis sobre el accionar histórico de la izquierda nacional en el período inmediato anterior a la aparición de Sendero Luminoso. Se descuida el estudio del ambiente ideológico que predominó en los 70, época en que los incontables grupos de izquierda alentaban, pregonaban y alistaban la guerra popular del campo a la ciudad, la lucha armada y la conquista del poder por la violencia. Y de esos grupos no solo salió Sendero Luminoso sino incluso los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.


Sobre la CVR en Ayacucho

Uno de los últimos estudios publicados sobre la CVR es el del historiador Antonio Zapata Velasco, titulado “La Comisión de la Verdad y Reconciliación y los medios de comunicación. Ayacucho – Lima”, IEP, 2010. La lectura de este documento de trabajo resulta harto interesante porque nos revela los entretelones del ambiente social ayacuchano frente a la CVR, tanto ante su creación como durante su accionar, y finalmente frente a la aparatosa entrega de su informe en la Plaza de Armas de Huamanga, en medio de un gigantesco estrado en forma de retablo que cerró el tránsito por diez días para ofrecer un colorido espectáculo, y acabó desatando la ira de muchos por su exceso de fatuidad.




Trataré de citar literalmente los párrafos más significativos de este documento que se basa en un análisis de los medios. En sus preámbulos nos permite apreciar que la creación de la CVR no fue una demanda social, como su informe pretende hacernos creer, sino que surgió en los entornos del poder.
La iniciativa para la creación de la Comisión de la Verdad partió de la elite política limeña, específicamente del grupo que asesoraba al presidente Paniagua. No fue una demanda originada en Ayacucho…
Hoy sabemos que fue Diego García-Sayán el maquinador, promotor y verdadero autor de la “Comisión de la Verdad”. Pero además se percibe el momento inoportuno de su creación, justo cuando acababa de caer el régimen de Alberto Fujimori y existía un ambiente recargado en contra del fujimorismo y las FFAA. La creación abrupta de esta “Comisión de la Verdad” como el primer reflejo del Gobierno de Transición resultó muy sospechosa, pues se parecía mucho a un macartismo. Esto es algo que podemos comprobar muy fácilmente al leer el informe final de la CVR. Apenas en sus primeras lineas dice:
En el año 2000 el Perú inició una nueva transición a la democracia. Se retomaba así una promesa muchas veces defraudada en la historia del país. Este nuevo intento empezó después de la caída de un gobierno autoritario y corrupto.
Este es tan solo el inicio de una reiterada prédica panfletaria de descalificación absoluta del régimen fujimorista a lo largo de sus páginas. Algo que sin duda festejan algunos, pero que resulta fuera de lugar en un documento oficial del Estado peruano y en una comisión que tiene por misión lograr la reconciliación. No olvidemos que el fujimorismo tiene un amplio respaldo popular y representa a más del 35% de los peruanos. Sin duda esta es una de las razones del fracaso de la CVR. Pero hay otras muchas que se revelan en este documento.
Al conocerse en Ayacucho la decisión del Gobierno de crear una Comisión de la Verdad, se inició un «estallido de memorias». Durante este primer instante, toda la sociedad ayacuchana hablaba del asunto. Los medios de comunicación no estuvieron ausentes del debate sino que lo alentaron. Si bien aceptaron —como la mayoría de los ayacuchanos— la formación de una Comisión encargada de esclarecer el proceso de violencia, los hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes, cuestionaron, en cambio, la idoneidad de sus integrantes.
En Ayacucho se había generado un ambiente de hostilidad contra las ONGs de DDHH que habían estado actuando en los últimos años. Las ONGs eran vistas como mercaderes que se hacían ricos haciendo negocios con la desgracia del pueblo ayacuchano. Por ello exigían que los miembros de la CVR no tuviesen nexos con las ONGs. Se abrió una discusión local liderada por el Frente de Defensa para designar miembros, pero las desavenencias, acusaciones y tachas impidieron una propuesta seria, consensuada y, sobre todo, a tiempo. Al final los integrantes de la CVR fueron decididos por Lima con miembros y asesores de ONGs.
De acuerdo con el destacado periodista local Mario Cueto Cárdenas, el fondo del problema de la composición de la CVR no era el origen regional de los comisionados. En su opinión, el punto era que parte de ellos tenían una interpretación previa y bien fundamentada de la guerra interna. No eran pues neutrales. Esta previa toma de posición hacía que el trabajo de la Comisión fuera una simple confirmación de ideas anteriormente establecidas. Según Mario Cueto piensa hoy día, la realidad confirmó sus temores. El Informe final es la puesta al día de las antiguas posiciones de algunos comisionados que habían estado en Ayacucho durante la década del 1970.
Desde luego, otros periodistas opinan que Tapia y Degregori, a quienes se sindicaba como colaboradores de las odiadas ONGs de DDHH, no tuvieron mucha gravitación en el informe final. Lo cual, sabemos que es una opinión equivocada porque Degregori fue uno de los principales redactores del informe, y sus libros sobre la violencia publicados con antelación nutrieron gran parte del informe.

Reacción ayacuchana

A partir de entonces, la mayor parte de medios de comunicación de Ayacucho reaccionaron en contra de la Comisión de la Verdad, calificando al grueso de sus miembros como «limeños», vinculados a ONG «que lucran con el dolor del pueblo» o «pseudo intelectuales». (…) siempre hubo un grupo de periodistas que apoyaron de alguna manera a la Comisión … Pero era evidente que la opinión mayoritaria en los medios era contra la Comisión.

Acá se cita textualmente el editorial del diario La Calle, del 9 de julio de 2001:
[…] con excepción de uno o dos de sus integrantes, a quienes conocemos muy poco, de los otros podemos afirmar lo contrario; los conocemos demasiado. Así, por esta razón, podemos recordar que, mientras los peruanos del Ande nos debatíamos en medio del conflicto armado, algunos de los actuales miembros de la Comisión se entretenían escribiendo en sus perfumadas oficinas artículos analíticos sobre lo que ocurría en nuestras tierras, en base, además, a informaciones de segunda mano que recibían de sus felipillos propinados, tergiversando la realidad en no pocas ocasiones. Y del odio destilado por alguno de ellos contra uno y otro frente en conflicto, también lo sabemos, porque recordamos sus clases, sus incendiarias polémicas en aulas y patios cristobalinos…
No es pues poca cosa lo que se dice allí. Se refieren básicamente a Tapia y Degregori. Ambos eran conocidos, habían sido militantes del MIR en los 70 y profesores de la UNSCH junto a Abimael Guzmán y sus huestes universitarias. Fueron pues parte del ambiente y del entorno donde surgió el senderismo.

Por dudar de la neutralidad y credibilidad de estos comisionados, La Calle y los otros medios de comunicación de Ayacucho empezaron a designar a la Comisión de la Verdad como «Comisión de la mentira», rótulo que algunos periodistas ayacuchanos utilizan hasta el día de hoy cuando se recuerda la labor de este grupo de trabajo.

Se decía que Degregori y Tapia iban a utilizar su posición en la Comisión para reafirmar sus previas posiciones ideológicas, elaboradas en la polémica contra el senderismo en los años setenta. Es decir, que el viejo debate entre izquierdistas volvía a abrirse, solo que en esta ocasión Tapia y Degregori aparecían como representantes de una iniciativa estatal, mientras que sus antiguos polemistas senderistas estaban derrotados y confinados en prisión. De acuerdo con este parecer, la labor de la Comisión estuvo teñida por un diálogo desigual, vertical, deshaciendo la antigua horizontalidad que había primado en los debates de la década de 1970.

Los cuestionamientos empezaron a arreciar aun más cuando Toledo decidió incrementar los comisionados a 12 y cambiarle de nombre con el rótulo “reconciliación”. Las demandas adquirieron un fuerte carácter regionalista exigiendo que sean profesionales ayacuchanos los que intervinieran en la labor.


La sede regional de la CVR en Ayacucho
Como responsable de la Sede Regional de Ayacucho fue nombrado el antropólogo José Coronel Aguirre, ex docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. (…) Formó un grupo de trabajo mixto, integrado por abogados, periodistas y científicos sociales, tanto ayacuchanos como provenientes del resto del país y un extranjero. (…) Este equipo se encargaría de cumplir con las tareas prioritarias de la CVR en la región, como el recojo de testimonios y la construcción de una base de datos, la elaboración de la historia regional de la violencia, la exhumación de las fosas comunes y la realización de audiencias públicas.
Aquí hay una curiosísima cita textual de un boletín de la CVR según el cual los testimonios se recogían “para enriquecer la investigación, ampliar el espacio público y la agenda nacional, y crear oportunidades de sanación“. Francamente, más allá de “enriquecer la investigación” lo demás no lo entiende nadie. Claro que eso de “enriquecer la investigación” tampoco deja de ser meramente retórico, pues la acumulación de más expedientes no cambia en nada el entendimiento de los hechos históricos. Y eso de crear “oportunidades de sanación” es parte de la actitud mística y mesiánica con que la CVR asumió su labor.

Para la prensa local la CVR se había equiparado con las ONGs. Los comisionados eran vistos como izquierdistas que rivalizaban ideológicamente con Sendero Luminoso y que por ello tenían un carácter de “juez y parte” en el proceso. Por su lado las ONGs eran muy mal vistas porque habían excedido los espacios de su actuación invadiendo otros fueros que no les correspondían. Incluso, aprovechando su lucrativo financiamiento internacional, actuaron en las comunidades compitiendo a veces con el clientelismo de los programas sociales del gobierno.
Las audiencias públicas de Ayacucho y Huanta fueron ácidamente criticadas por la prensa local. Algunos periodistas (como el mesurado Carlos Condori Castillo) señalaron que estas fueron un «show» donde se volvieron a ver «llantos, dolores de un pueblo necesitado de autoconsuelo», mientras que otros periodistas recogían la opinión de algunas instituciones (como los Comités de Defensa Civil de la zona rural de Huamanga) y cuestionaban la selección de los casos mostrados en las sesiones públicas. Las audiencias generaron un clima de exasperación y confrontación.
La narración deja en evidencia que las audiencias fueron muy difíciles de conducir. En algunos casos se producían mítines en la calle. Se despertaron enormes expectativas en la población ya que muchos estaban convencidos de que bastaba hablar ante la CVR para recibir una reparación o que quienes no hablaran en las audiencias no serían sujetos de reparaciones. Ya desde entonces se había venido hablando de futuras reparaciones. Por todo ello, Zapata concluye en que “esas elevadas expectativas dificultaron un análisis más sereno del trabajo de la CVR“.

La presentación del informe

Al día siguiente (29 de agosto del 2003), en la Plaza Mayor de Ayacucho, la CVR presentó el Informe Final en medio de un complejo ritual iniciado por el alcalde que presentó la ceremonia; luego fue el turno del presidente regional, el dirigente del PAP Omar Quesada, quien tuvo una intervención básicamente firme y de orientación netamente política. Finalmente, tomó la palabra el presidente de la Comisión, Doctor Salomón Lerner, cuyo mensaje fue traducido simultáneamente en quechua por José Coronel. A esa hora, miles de personas se congregaban en la Plaza Mayor de la ciudad.

Con respecto a lo primero, muchos periodistas coincidieron en señalar que la presentación pública del Informe, en un gigantesco escenario instalado en la Plaza Mayor de Ayacucho, había sido un «derroche de dinero». En opinión de algunos, una «cachetada a la pobreza ayacuchana», completamente inadecuada para una ciudad en la que la mayoría de sus habitantes vive en una situación de necesidad. Este debate comenzó con la instalación en la Plaza de Armas de Huamanga de un estrado concebido como gigantesco retablo. Días antes de la presentación del Informe, los ayacuchanos ya comenzaban a debatir sobre el carácter aparatoso del estrado. Además, el espectáculo artístico montado por Yuyachkani fue percibido como artificial. Ambos puntos se mezclaron y, como resultado, algunos ayacuchanos salieron disgustados de la Plaza de Armas.

A partir de la lectura del Informe Final de la CVR se dio inicio a un debate extenso entre la prensa local, donde todos procuraban hacer prevalecer sus propios puntos de vista frente al conflicto, desvirtuando el parecer de la CVR. Se trataba pues de un análisis con el que casi nadie estaba de acuerdo. Más aún, parecían surgir distintas lecturas del Informe pues unos la criticaban por algo que los otros le negaban. Surgían interpretaciones divergentes.

Para este punto de vista, lo importante era averiguar ¿por qué Sendero Luminoso había logrado simpatía y sostener una larga guerra?; si hubieran sido unos dementes ¿habrían sido arrasados en pocos meses? No lo fueron, sino que el movimiento prendió y se extendió por todo el país. ¿Cuáles podían ser las causas? La respuesta sólo podía ser una: las condiciones objetivas estaban maduras para un estallido de violencia. La culpa no era de Sendero, sino del hambre y la dominación.
Lo cierto es que el Informe Final de la CVR inició un debate que no tenía ningún destino útil. No había manera de conciliar los pareceres. Incluso subsistían quienes pensaban que la CVR había convalidado el informe de la Comisión Vargas Llosa sobre Uchuacay por no contradecir al ilustre escritor. En resumen, el Informe Final de la CVR, al cabo de tantos aparatosos despliegues, testimonios, exhumaciones, no fue capaz de asumir un perfil de credibilidad y transparencia intelectual. Siempre fueron vistos como una continuación de las ONGs de DDHH tan cuestionadas y detestadas, con miembros comprometidos ideológicamente y con militancia política que los desacreditaba como miembros de una Comisión de la Verdad.
Los cuestionamientos a la CVR nunca cesaron y fueron de distinta índole. Para mucha gente era simplemente absurdo, inútil y hasta peligroso volver a abrir las heridas de unos hechos tan dolorosos. “En muchos círculos de ciudadanos simples se escucha decir que esos hechos fueron espantosos y que felizmente ya pasaron, que con mucho esfuerzo han podido voltear la página y olvidar para seguir viviendo. (…) Según este razonamiento, el trabajo de la CVR es inútil y hasta peligroso, quieren abrir heridas sin saber cómo podrán volverlas a cerrar. (…) En esta interpretación la CVR habría dramatizado para conseguir un efecto y este no habría sido otro que el interés de las ONGs de seguir lucrando con la desgracia.“.
Incluso el periodismo tuvo sus razones para dudar de la misión de la CVR.
Mario Cueto Cárdenas, quien gracias a su amplia trayectoria periodística es una reconocida personalidad gremial, relata que fue entrevistado por la CVR en forma apurada y que luego sus opiniones no fueron tomadas en cuenta.
Y se trataba nada menos que de un periodista que estuvo reportando la violencia día a día. Esta es una acusación que se repetirá muy a menudo entre diversos personajes que sienten que fueron manipulados y utilizados por la CVR solo como parte de una formalidad, pero que al final el Informe de la CVR no contempla ninguna visión ni apreciación de sus testimonios. Esto es más patente en torno a la perspectiva de las FFAA cuyos testimonio solo se recogieron al final del proceso y ni siquiera fueron incluidos en la página web. El Informe Final ha recibido pues toda clase de críticas. Se le critica por ser un texto pretencioso que procura mostrar una interpretación “científica y verdadera” del conflicto.

Para terminar, está claro pues que el Informe Final de la CVR, por diversas razones, no cuenta con la aprobación mayoritaria del pueblo peruano. Tampoco el proyecto general de la CVR obtuvo la aprobación mayoritaria del pueblo peruano. Vale decir que se le impuso una idea y un proyecto concebido por intereses subalternos. Como conclusión final debemos decir que resultaría contraproducente que se pretenda imponer este Informe a la sociedad, y peor aun, instaurarlo como documento oficial de aprendizaje obligatorio de nuestros escolares.

Los dejo con una reflexión del diario ayacuchano La Calle:
… Lo primero que tenemos que reconocer es el derecho que tienen los peruanos del mundo, a pensar con libertad sobre el Informe, a elogiar sus aportes si es que los tiene, a criticar sus deficiencias, a cuestionar sus intenciones, a opinar integralmente sobre el Informe! […] Nadie, pues, tiene la patente de corso o autoridad absoluta, sobre el parecer que tiene cada quién acerca del Informe, o para obligar a que se piense de una manera o de otra, sobre un documento que, efectivamente, es público, instrumental, estudiable y debatible, por lo tanto sujeto a ser visto desde diferentes ópticas. Actuar de modo contrario a nuestra diversidad constituiría caer, dentro de la denominada sociedad democrática peruana, en los callejones oscuros de la dictadura, a la que tanto criticamos, o en el fanatismo anticientífico que tanto daño hizo a sus practicantes. (La Calle, 30 de agosto de 2003)
Una pregunta final: ¿Valió la pena montar todo ese circo ilegítimo de la CVR? Si los proyectos grandes como Conga requieren de una “licencia social”, sin duda que proyectos tan pretenciosos como la CVR también lo requieren. No lo obtuvieron. Por tanto, son ilegítimos. Como se dice en el texto anteriormente citado, todo sigue en debate, tanto el informe de la CVR como la propia historia. ¿Para qué entonces se montó la CVR? Obviamente fue un intento de maquillar la historia por parte de la izquierda peruana y de lavarse las manos por la violencia, desviando toda la responsabilidad hacia el Estado y las FFAA. Hoy es la principal ocupación de la izquierda.


Respuesta a Diego García Sayán

Al margen de los acontecimientos cotidianos y repentinos que suelen ganar las primeras planas de los diarios y ocupar varios minutos en los noticieros, con reportaje dominical incluido, pocos temas se mantienen incólumes como vigas maestras en el debate nacional. Quizá el mayor de todos sea el informe de la CVR. Hay toda clase de opiniones, versadas y no, honestas y no, valientes y no. Pero lo importantes es que se trata de un documento claramente cuestionado.


Sería deseable abordar el debate con argumentos realistas en busca de una salida al problema, tal como ha hecho León Trahtemberg, por ejemplo, proponiendo una comisión especial para que examine ese informe. El otro extremo es el de persistir en las mismas posturas, apelando a melifluas argumentaciones e invocando a los pobres y excluidos de siempre en busca de simpatías. Es el caso de los ya conocidos caviares. Un caviar es alguien que se sienta al borde de su piscina con un dayquiri en la mano y escribe una columna rosa a favor de los pobres y marginados. Son los consabidos pobretólogos de la izquierda progre.

Apelando a sus indudables dotes de dramaturgo, Diego García Sayán nos regala hoy una pieza de tragedia hindú para defender, una vez más, el dichoso informe de la CVR. Más allá del drama de los campesinos pobres su lógica resulta incomprensible. Es cierto que la mayoría de muertos fueron campesinos empobrecidos debido a que Sendero Luminoso llevó su cobarde accionar a la sierra más pobre del país, siguiendo su estrategia. ¿Y eso justifica que enseñemos el informe de la CVR en las escuelas? Mejor citemos a nuestro Shakespeare de buffete: “Todo ello ha dejado una huella muy grande y profunda que llevará años reparar y resarcir. Y en ello el Estado tiene una responsabilidad histórica frente a este reto nacional”.

Es curioso que hoy la izquierda se muestre hipersensible ante la violencia y el sufrimiento de las víctimas, algo que no mostraban en los años 70 cuando se dedicaban a promover la revolución armada y la guerra popular. Esos mismos delirantes de izquierda que ayer anunciaban el inicio de la lucha armada en los patios de las universidades, hoy son los que nos acusan de ser insensibles al dolor que causaron sus propias ideas.

Sin duda, nuestro ilustre jurista e inventor de la CVR muestra ahora una sensibilidad muy especial y una visión dramática de las cosas. Reconocer que se vivió una tragedia no implica asegurar que “ha dejado una huella muy grande y profunda que llevará años reparar y resarcir“. Creo que hay allí un deseo claro de teatralización que ya ha sido muy evidente para muchos. Toda tragedia se supera, salvo casos muy contados que pasan al terreno clínico. Muchos pueblos han pasado tragedias enormes de todo tipo, incluyendo guerras atroces como las de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una raza entera perseguida, vejada, torturada y humillada en busca de su exterminio. También nosotros hemos pasado por grandes desastres naturales, como el terremoto del 31 de mayo de 1970 que dejó más de 70 mil muertos, medio millón de desamparados y una capital provincial borrada del mapa. Las tragedias son consustanciales a la existencia humana. No necesitamos hacer drama sobre la tragedia.

Por otro lado ¿acaso rechazar el informe de la CVR significa cerrar los ojos al pasado, como dice nuestro dramaturgo jurista? García Sayán parece haber renunciado a una argumentación inteligente para apelar a la telenovela sensiblera, a la retórica efectista cargada de adjetivos dolientes y adverbios graves. Así nos dice que “la urgencia irrenunciable de la memoria sobre lo que nos pasó” es necesaria para asegurarnos de que algo así no se repita. Francamente nunca he entendido a los caviares cuando dicen estas cosas. No sé a qué se refieren exactamente cuando hablan de “memoria”. Porque si lo que se quiere es que la violencia no se repita, el asunto es muy simple: basta con arrojar al tacho de la basura el marxismo. Eso es todo.

La memoria de un pueblo se transmite mediante libros y películas. Gracias a ellos tenemos hoy “memoria” de la Guerra de Troya y de la crucifixión de Cristo. De hecho los libros de historia del Perú e incluso los de historia universal, ya incluyen el fenómeno del terrorismo en el Perú. Así que hay que pedirle al jurista dramaturgo que no se preocupe tanto por la “memoria”. Esta no se va a perder ni pasa necesariamente por el informe de la CVR. Debería relajarse. Pero tampoco es cierto que tener “memoria” garantiza que no repetiremos la historia. Eso es falso. Para no repetir la historia se precisan leyes y cambios institucionales y culturales. Pero más importante que todo eso es dejar de infectar el cerebro de los jóvenes con marxismo, pues mientras sigan con esa prédica nefasta siempre tendremos el riesgo de que la tragedia de Sendero se repita. Y nadie podrá negar que en el informe final de la CVR hay un fuerte hedor a marxismo y, lo que es peor, no existe ninguna condena al marxismo, la fuente de toda la violencia. Tampoco hay un reconocimiento de la responsabilidad histórica de la izquierda peruana. Nada. 

García Sayán está convencido de que “para esos bolsones de peruanos pobres la ´memoria´tiene un contenido dramático que no es otro que esperar una reparación muy concreta: que, después de años, se encuentre en alguna fosa común a sus familiares desaparecidos y presumiblemente muertos para darles cristiana sepultura. Miles aún lloran a seres queridos en muchos rincones del país y claman por “inclusión” –hoy parte de la política oficial– y ser destinatarios de ella“. Parece que nuestro dramaturgo jurista tiene una especial afición por los entierros y resulta ser más cristiano que el mismísimo Cardenal.

Ignoro si García Sayán posee algún conocimiento especial que lo lleva a tales extremos en torno a los entierros. No sé si es psicólogo y tiene la certeza científica de que solo así se logra la tan ansiada y preconizada “reparación”. No sé de dónde saca eso ni a qué se refiere exactamente. Al parecer pretende una comisión de desenterradores de fosas a nivel nacional. He leído por allí que "habrían más de seis mil fosas clandestinas en el Perú". Imagínense el ejército de antropólogos que las ONGs de DDHH estarían ya por contratar para tal cometido. Yo creo que se trata, una vez más, de una treta en busca de nuevos contratos con el Estado y de mayores ganancias con la tragedia. Mamadera que le dicen. No creo que toda esa palabrería sea solo “sensibilidad por los pobres”. Hace tiempo que dejé de chuparme el dedo.

Los seres humanos tenemos muchos mecanismos para superar las tragedias. No se tiene que pasar por un desentierro, una ceremonia, una misa y una “cristiana sepultura” para que la “reparación” sea cumplida. Tampoco es cierto que se puedan identificar a las víctimas. Nadie ha explicado cómo se logra determinar que una tibia corresponde a Seferino Mamani y no a otro. Allí hay poca seriedad científica y mucho tecnicismo teatral. Pero al margen de eso, existen muchos casos en que los seres humanos debemos asumir un luto sin ver un cadáver. Por ejemplo cuando ocurre un accidente de aviación. Los parientes se conforman con arrojar una corona de flores en el mar, velar su ropa, construir un espacio en la casa con sus fotos, etc. He visto muchas maneras de velar y recordar a un desaparecido.

Así pues, en nada ayudan estos artículos recargados de drama y pasión. Es propio de los tontos que se excitan con el discurso melodramático en torno al dolor ajeno. Pero acá no estamos para telenovelas. Tenemos que buscar soluciones realistas y no divagar con charlatanería sensiblera. Pasar la página de la CVR no es olvidar lo que pasó sino dar paso a la verdad. También es dejar que otros temas más actuales y urgentes ocupen su lugar. No podemos seguir discutiendo eternamente sobre el informe de la CVR solo porque la izquierda no se resigna a que este sea arrojado al tacho de la basura. Lo concreto es que ese informe tiene un rechazo mayoritario por sus desatinadas formas de explicar el fenómeno del terrorismo validando la violencia por la pobreza. Eso no es algo que podamos enseñar en las escuelas. Definitivamente.

García Sayán nos expone algunas luces sobre el sesgo del informe cuando dice “distinto es –o sería– un debate con ideas y propuestas concretas que apunten a enriquecer una explicación rigurosa de lo ocurrido, sin soslayar, por cierto, responsabilidades estatales“. Es evidente que Dieguito está más interesado en destacar las faltas del Estado que en la de sus amigos de izquierda. El tono y el remarcado es revelador, pues si habla de “explicación rigurosa de lo ocurrido”, con eso basta. Pero destacar que deben incluirse las responsabilidades estatales está demás y es evidente que su subconsciente lo traiciona. Sin duda estamos de acuerdo en ese debate. Pero es algo que ya debería emprenderse.

Otro detalle revelador es afirmar que el informe de la CVR se basa en el testimonio de 17 mil víctimas. Le hago unas simples preguntas al lector: ¿usted cree que hacían falta 17 mil testimonios? ¿Usted cree que alguien leyó todos esos testimonios para redactar el informe? Suponiendo que cada testimonio tome solo una hora, el manejo de esa cantidad de testimonios, tanto en su registro como en su procesamiento, excedería largamente el tiempo que duró la CVR, aun con todo el personal que contaban. Sin duda es una cifra bastante exagerada, aunque hubo de hecho muchos testimonios. Sin embargo no hacía falta el testimonio de 400 violadas para establecer el hecho de que hubo violaciones. Hay en todo eso un problema metodológico y además un error en la concepción de la misión. Por todo ello algunos hablan de “mucha teatralización”. Además no nos olvidemos que los miembros de la CVR se prestaron a ser parte de ceremonias públicas, misas, etc.

En resumen, no podemos enseñar en las escuelas un documento que es cuestionado por la mayoría de nuestra sociedad. No podemos enseñarle a los niños que la pobreza genera violencia o que la violencia está justificada cuando hay pobreza, exclusión y marginación. El credo marxista ya nos hizo demasiado daño para consagrarlo como parte de la educación de nuestros niños. A ellos hay que enseñarles que solo el trabajo, la innovación, la creatividad y el empeño es lo que nos saca de la pobreza. Hay que dejar de engañarlos con la absurda falacia de que el subdesarrollo es culpa del imperialismo. Es tiempo pues de dejar el drama turbio de la izquierda clásica y de la pobretología marxista para abordar los problemas con realismo y de una vez por todas. Debemos apoyar la idea de que se forme una comisión de amplio consenso que estudie el informe y corrija sus errores de perspectiva y su lenguaje. De lo contrario, que permanezca en el tacho de la basura, que es donde ha sido colocado por la sociedad.


Notas:

1.- Artículo publicado el 23 de julio del 2003 en la página 2 y 3 del Diario La Razón en el que se revelan algunos audios en los que se grabó las conversaciones de Javier Ciurlizza Contreras, emisario del Ministro de Justicia Diego Garcia Sayan, con los líderes de Sendero Luminoso y del MRTA a espaldas del Ex Presidente Paniagua , el día 29 de marzo del 2001 en la Base Naval del Callao.

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Versión para descargar. (No incluye la respuesta a Diego García Sayán).


La verdad sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú





5 comentarios:

  1. Desde luego, cómo se ve que quien escribe no le mataron a nadie, un pueblo sufrido que derramó sangre.
    Así estamos, nadando en la impunidad y en la corrupción, pero esas muertes no pueden quedar impunes.

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  2. Personalmente tengo tios, primos y amigos, compañeros de trabajo, asesinados por Sendero Luminoso. He visto de cerca a las escorias de SL cometiendo sus homicidios, etc. Soy un testigo presencial del origen de la izquierda delirante y volentista de los 70, un ciudadano que padeció la insanía de la izquierda desde los 70 y luego los 80 y 90. Puedo contar mucho sobre la izquierda y el terrorismo. Y lo haré en su momento.

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    1. enfermo mental porque no hablas de los inocentes asesinados por la FFAA, en el campo estos robaban la comida del campesino, obligaban a sus hijos así sean menores a enrolarse y a atacar a sendero así esten en desventaja numérica, si tu estabas en tu casa tranquilo y no querías saber nada de terrucos o milicos, te acusaban de terrorista y te mandaban a matar como un perro sarnoso, que hijo de puta eres, como no estuviste ahí acusas a todos de terroristas, cuando se sabe que mucha gente masacrada en el campo por las FFAA no eran terroristas, y esa gente merece recibir INDEMNIZACION, porque fue asesinada, robada y secuestrada por las FFAA, con la llamada guerra de baja intensidad aplicada por el genocida gobierno de fujimori, haber porque no hablas de eso fujimorista de porquería.

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    2. carlitos4007 tu lenguaje ofensivo y altanero no hace mas que reconocerte como un ignorante y peligroso delincuente subversivo a quien le lavaron el cerebro con doctrinas violentistas. Lacras como tu son las que seguiremos exterminando hasta que no quede un sucio asesino terrorista y si para ello tenemos que acabar con grandes y chicos lo haremos sin ninguna duda. Muerto el perro (y sus cachorros) muerta la rabia.

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  3. Por favor quisiera saber si la comisión de la verdad y la reconciliación sigue en vigencia y si lo es que diferencia habría con el Registro de Único de Victimas ????

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