La reforma imposible del Perú

Los intentos de reforma en el Perú suelen ser reformas que nunca cambian nada, tal como ocurrió con la última ley del magisterio que conserva la esencia nefasta de la mala educación que padece el Perú desde hace décadas. Hoy se repite la historia con la ley del servicio civil que ya empezó a retroceder lo poco que avanzó, gracias a políticos que solo ven su negocio electoral, y siguen defendiendo obsoletos conceptos sacrosantos y venerando viejas vacas sagradas.

Curiosamente quienes más predican y exigen cambios abogando por la industrialización del país y criticando el "modelo primario exportador", son los primeros en oponerse a los cambios. Industrializar el país requiere autonomía tecnológica basada en innovaciones, investigación y desarrollo. Hace falta empresas competitivas de nivel internacional, con profesionales y técnicos altamente capacitados y un Estado ágil y eficiente que deje de ser un lastre y genere oportunidades abriendo mercados internos y externos. Nada de esto se puede hacer sin cambiar la anacrónica estructura laboral y educativa que impera en nuestro país. Pero todo cambio tiene que empezar por un cambio de mentalidad.

No es posible hacer cambios si antes no se ha convencido a la gente de que estos son necesarios. Se requiere además estar dispuesto a enfrentarse a las mafias sindicales que por décadas han medrado en la mediocridad y dependen de ella. En tercer lugar, se necesita arrojar a la basura los viejos conceptos como la tristemente célebre "estabilidad laboral" y otros. 

Lo que vemos es todo lo contrario: la gente no entiende la necesidad de los cambios, nadie está dispuesto a enfrentarse a las mafias sindicales y a los burócratas conformistas, y todavía siguen adorando anacrónicos conceptos que causaron la situación actual de mediocridad y subdesarrollo. Los cambios necesitan consenso, coraje y sobre todo una nueva mentalidad. Quizá lo más difícil de lograr sea una nueva mentalidad que deje atrás las viejas ideas acuñadas durante el velascato y que todavía se repiten como "principios". Muchas generaciones han fundado sus pensamientos en esas ideas absurdas.

El desarrollo se funda en dos componentes básicos: empresa privada y universidades o institutos. Estas proveen la mano de obra que requieren las empresas para ganar competitividad. Competir en el mundo requiere una organización dinámica y un accionar eficaz. No se puede vivir arrastrando los pies, tramitando en veinte instancias las licencias estatales, ni quedarse desfasados porque hay leyes que protegen el empleo como si estas fueran una propiedad privada del trabajador. Todo eso impide las rápidas adaptaciones empresariales que exige el mundo moderno. Los cambios de los 90 no llegaron a eliminar la mentalidad burocrática del Perú, fundada en una visión clientelista, estatista y antiempresarial heredada del velascato. Ese es el núcleo básico que sigue primando en las mentes de los políticos peruanos. 

En el Perú empezamos al revés. Se atacó a la empresa privada pintándola de "enemiga de la clase trabajadora" cuando es la que genera los empleos y, por ende, los trabajadores. Y antes de tener empresas competitivas se convirtió a los trabajadores en vacas sagradas intocables repletas de "derechos" y protegidos por una larga serie de normas expedidas siguiendo conceptos ridículos como el de "estabilidad laboral" o el supuesto "derecho al trabajo". El trabajo no es un "derecho". Eso es una de las tantas mentiras que el progresismo inoculó en la mente de la gente. El trabajo es una obligación natural de todo ciudadano para sí mismo y para con su sociedad. Así era visto incluso en el Tawantinsuyo. Nunca fue un "derecho" en el sentido de ser un privilegio intocable. El trabajo es una función económica que depende totalmente de condiciones de mercado. Hay que saber cumplir una función dentro de las muchas que requiere el funcionamiento de una sociedad o de una empresa. Tal labor se hace de manera libre o dependiente pero siempre según las necesidades de un mercado. Es fundamental tener capacidad de aprendizaje y adaptación para mantenerse en una función laboral. Los mercados son cambiantes de muchas maneras, según las estaciones, las fechas del año, los gustos de la gente, los cambios de tecnología, las crisis económicas, etc. Las oportunidades de negocios aparecen y desaparecen. Todo es variable. No existe pues nada ni remotamente parecido a una estabilidad. Por lo mismo hablar de una "estabilidad laboral" no puede ser más que un supremo disparate. Lo que ha hecho la progresía al convertir el trabajo en un "derecho" es privatizar el puesto laboral y convertirlo en algo diferente de lo que es en realidad: una función económica sujeta al y dependiente del mercado.

Por supuesto que el progresismo tiene las miras puestas en su poder político antes que en el progreso del país. La idea de trabajador que se impuso en el Perú en los 70 fue la del empleado público dependiente de un gran Estado congelado y clientelista. Como lo que hoy tiene Venezuela y lo que están tratando de desmontar en Cuba. Esa visión velasquista del trabajador que además cargaba con un encono antiempresarial, nos generó un grave atraso y un gran daño a la competitividad empresarial dejándonos a la zaga de nuestros vecinos como Colombia o Chile, además de producir las ya conocidas mafias sindicales que solo velan por mantener sus prebendas y privilegios de clase laboral, como los del SUTEP y la CGTP, sin importarles un comino ni la educación ni el desarrollo del país. Las pruebas están a la vista.

Podemos echar mano a un buen ejemplo histórico reciente. El gran avance de la banca en el Perú hubiera sido imposible sin la previa desaparición de la nefasta FEB (Federación de Empleados Bancarios) que a punta de huelgas y negociaciones colectivas chatajeaba a los bancos hasta conseguir un sin fin de gollerías groseras y escandalosas, como hacer hereditarios sus puestos laborales. La desaparición de la banca de fomento del Estado en los 90 significó también el fin de ese cartel de parásitos comechados que era la FEB. Solo después pudo darse el gran despegue de la banca, con agencias que atendían hasta las 6 pm o más, incluyendo sábados, domingos y feriados en algunas agencias. Algo inconcebible en los días de la FEB, cuando solo trabajaban de 10:30 am a 3 pm de lunes a viernes.

Un cambio exige primero una nueva mentalidad. De lo contrario solo se harán maquillajes, como la nueva ley magisterial que no ha cambiado la esencia de mediocridad que prima en el sector, y todo por seguir idolatrando el puesto laboral del maestro, como si los objetivos de la ley fueran proteger a los maestros y no garantizar la mejora de la educación. Es imprescindible deshacerse de los anacronismos ideológicos como el falso "derecho al trabajo" o la no menos absurda "estabilidad laboral". El trabajador debe ser alguien que se gana su puesto compitiendo en el mercado laboral y conservándolo por su empeño diario. Su meta debe ser siempre mejorar y debe estar dispuesto a emigrar a otra empresa si no mejora donde está. No debemos alentar el estancamiento típico del burócrata que sueña con jubilarse en su puesto. Algo que ya José Carlos Mariátegui condenaba junto al rentismo. La empresa tiene que ser vista como un agente económico generador de empleos y en tal sentido protegerla como la gallina de los huevos de oro, en lugar de esa visión errada de "enemiga de la clase laboral", como se propaló durante el velascato. No se puede legislar teniendo como base una mentalidad antiempresarial, y eso es lo que se ha hecho en el último medio siglo. Por eso estamos en la actual situación de estancamiento. Lo que necesitamos son cambios de mentalidad que impulsen transformaciones reales para despegar como país y estar a tono con el mundo moderno.

Los derechos laborales que hay que garantizar son los que merece todo ser humano: un ambiente laboral cómodo y seguro, trato digno, pago puntual, seguros apropiados según la naturaleza de las funciones, etc. Las contrataciones, capacitaciones, evaluaciones, promociones, traslados, pero también los ceses, son componentes naturales y elementales de todo escenario laboral. No se puede pretender que no lo sean o que alguno de ellos no exista. No podemos seguir alimentando fantasías ideológicas absurdas como el de la "estabilidad laboral" que solo ha servido para generar rigidez empresarial, desempleo, subempleo e informalidad, además de promover el estancamiento laboral del trabajador. Basta de montar telenovelas por posibles despidos frente a una reforma. Uno de los corsés ideológicos que se imponen los legisladores es que el Estado no puede despedir a nadie. ¿Por qué? ¿De dónde salió semejante idea? Es que siguen viendo al Estado como beneficencia pública, como mamadera social a la que todos tienen "derecho" de succionar eternamente y, por último, como botín electoral del partido ganador. Sin duda habrá que reducir la planilla si se quiere hacer una reforma seria.

El Estado debe ser podado cada cierto tiempo. Los gobiernos tienden a llenarlo con empleados cargando la planilla pública sin decoro. En los últimos 15 años se han creado más ministerios -inútiles todos ellos- como el de la Mujer, Ambiente, Cultura e Inclusión Social, lo cual ha significado varios miles de funcionarios más. A ellos hay que sumarles otros muchos organismos públicos creados alegremente y que tampoco sirven para nada, como las Secretaría de la Juventud o incluso la Defensoría del Pueblo. Y no hablemos del incremento de burocracia que se da en el Congreso con cada legislatura. Toda esa inmensa masa de burocracia nos cuesta a todos los peruanos y no redunda absolutamente en nada en el desarrollo del país. Es solo carga pesada, lastre que todo el país debe arrastrar. Hay muchas funciones que el Estado asume alegremente pero que es incapaz de ejercer con eficiencia o que no muestra resultados efectivos. Esas funciones deben ser eliminadas o transferidas al sector privado, como por ejemplo el papel de promotor del turismo, tarea que debería ser emprendida completamente por sectores privados y sus instituciones, pues el turismo es un negocio. No hace falta que el Estado tenga toda una burocracia haciendo promociones costosas que no encajan en los intereses del turista ya que más se dedican a exaltar el patriotismo.

Ahora bien, si se habla de reestructurar el Estado y se asegura que no habrán despidos, solo se puede llegar a dos conclusiones: o se está mintiendo con descaro o en realidad no existe ninguna reforma, pues no hay manera de reformar el Estado sin eliminar organismos públicos, incluyendo ministerios, y sin achicar la planilla, principalmente. Los despidos como las contrataciones son eventos normales en el mundo laboral. Un despido no es ningún atropello ni una falta ni una herejía. Nadie tiene el puesto comprado. Solo hay que pagarle al trabajador lo que le corresponde como compensación o incluso algo más como colchón temporal. A otros se les puede dar una jubilación anticipada. Hay muchas formas de reducir la planilla sin que signifique atropello alguno a ningún derecho. No hay por qué hacer un drama ni mentir. Hay que cambiar esa tesis progresista de que el puesto laboral es una propiedad privada intangible contra la que no se puede atentar. Eso es falso y contraproducente, pero además hoy resulta ser una tara mental que impide la buena gestión y la implementación de los cambios urgentes. Es hora de eliminar esas equivocadas ideas y falsas tesis que nos han llevado a la situación de mediocridad y atraso que hoy padecemos.