La ley del cine: un mal ejemplo de intervención estatal

Estamos nuevamente en una discusión sobre la “Ley del Cine”, que nada tiene de nueva ni de original. Y me refiero tanto a la discusión como a la ley, pues esta famosa nueva Ley del Cine es casi copia fiel de la que existe en otros países, lo cual prueba que la mentalidad progresista se extiende por todo Iberoamérica y Europa. En consecuencia, lo que diremos acá es aplicable a cualquier escenario, pues en casi todos lados hay gente convencida de que el Estado debe apoyar al cine nacional, bien sea financiando sus producciones o secuestrando salas de cine para obligarlas a exhibir sus películas. Solo falta que obliguen a los ciudadanos a verlas, y creo que están a un paso de proponerlo, pues no ven más alternativa para "competir" con las producciones de Hollywood y otras de igual calidad en lo que ellos llaman "igualdad de condiciones". La ley del cine es un excelente ejemplo para apreciar lo negativo que resulta la intervención del Estado en el mercado y las argumentaciones a las que apela el progresismo para lograr controlarlo mediante leyes autoritarias. 

El primer truco del progresismo es jugar con el lenguaje buscando recrear un mundo artificial donde existen buenos y malos, peligros atroces, monstruos malvados y valientes profetas que señalan salidas milagrosas. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje progresista porque es la flauta con que seducen y encantan a sus incautas presas. Por ejemplo la nueva ley del cine tiene un inicio espectacular que llega a tocar las fibras más sensibles del ciudadano común: “proclamar el Derecho al cine propio como un derecho inaliebable”. Este es el tipo de redacción amanerada que caracteriza al progresismo, y una de sus manías más recurrentes que consiste en convertir todo en un "derecho", de modo que al final la cuestión acaba convertida en una lucha por la conquista de los derechos. Y no de cualquier derecho sino de un "derecho inalienable". ¿Alguien puede oponerse a un derecho inalienable? Gracias a la magia progresista hoy tenemos este novedoso "derecho al cine propio". 

La ley reposa en el clásico pensamiento progresista que ya ha probado infinitas veces su fracaso en todos los países donde se han aplicado leyes de este tipo. Bastaría revisar la situación del cine en los países que tienen leyes similares, con el mismo impuesto a la taquilla destinado a financiar a un grupo de escogidos que tienen el privilegio de hacer realidad el sueño del cine propio. O mejor dicho, el derecho. Ya sabemos que los magos del progresismo nos sacan un derecho de la manga cada vez que quieren hacer su truco favorito: sacarle dinero al Estado. Aunque en esta ocasión el robo no es al Estado sino directamente al ciudadano. Como es obvio, el asalto se disfraza de impuesto. Se llama nada menos que “Impuesto Extraordinario para el Fomento, Promoción, Preservación y Desarrollo de la Cinematografía Nacional” y corresponde al 10% de la entrada al cine. A lo que debe añadirse el 1% de la facturación de la TV por cable. Más allá del aparatoso nombrecito del impuesto -parte de las conocidas manías lingüísticas del progresismo- lo que significa finalmente es esto: robo sin pistola.

La nomenclatura del impuesto está cuidadosamente diseñada para disfrazar el robo y conseguir el engaño colectivo. Ni siquiera es “extraordinario” porque en este país el robo institucionalizado al Estado o al ciudadano es cada día más ordinario. En general, esta ley del cine, como todas las leyes que pretenden promocionar y desarrollar algo propio de la sociedad y la cultura, reposa en una serie de falacias teóricas destinadas a justificar la intervención del Estado, haciéndonos creer que el Estado tiene el poder mágico de: fomentar, promover, preservar y desarrollar la cinematografía nacional. Sería bueno que a los niños les enseñen en las escuelas que el Estado no es un Dios al que se le puede pedir milagros como desarrollar el cine, el arte o el deporte. Así tal vez evitaríamos la constante estupidez del progresismo que siempre anda tratando de utilizar al Estado para intervenir en actividades que la sociedad ha descuidado, generalmente porque no tiene un mercado adecuado que la incentive o porque no es parte de su idiosincracia cultural. Por lo común se debe a que no resulta atractivo ni rentable, o no existe la tradición cultural y por tanto se carece del amplio y variado entorno de soporte que una actividad compleja requiere. El Estado no puede cubrir estas deficiencias de la sociedad obligando a la gente a realizar tales actividades, y tampoco obligándolas a apoyar a quienes desean realizarlas. Eso es simplemente autoritario, artificial y contraproducente.

La ley del cine es un perfecto ejemplo de los permanentes intentos de intervención en el mercado por parte del Estado. Siempre hay una noble intención detrás de tales intentos, como proteger la industria nacional o los empleos, pero lo real es que existen grupos que desean ingresar al mercado con privilegios. Se sienten incómodos con la competencia porque no encuentran manera de alcanzar sus estándares. Lo más fácil para ellos es conseguir que el Estado los apoye. Esto puede hacerse impidiendo el ingreso de la competencia, por ejemplo, algo que en el caso del cine sería muy escandaloso pero que en otros rubros se produce con frecuencia, como en los textiles. Para conseguir este apoyo los interesados forman un lobby muy activo que actúa a dos niveles, por un lado generan ideas favorables en la sociedad apelando al patriotismo, al nacionalismo y a la preservación de la cultura y de la industria nacional; y por otro, presiona al gobierno para sacar una ley que consagre el atropello del mercado. Todo esto se hace con una puesta en escena que saca a la luz las aparentes maravillas de la ley, empezando por su nombrecito exótico, asegurando un aumento del empleo, el rescate de un "derecho inalienable" y otras paparruchadas por el estilo. Los interesados en el negocio del cine tienen motivos para festejar pues han conseguido dinero fiscal para sus proyectos y un mercado cautivo, aunque sea menor. 

¿Tienen los ciudadanos motivos para celebrar? No lo creo. Ellos tendrán que solventar con su dinero las aventuras fílmicas de unos cuantos que, para colmo, tienen en su mayoría sus propios criterios de cine, con una visión muy particular de la misión que esta debe cumplir para la sociedad, la cual dista mucho del sentir de la mayoría de los ciudadanos amantes del cine. En añadidura, casi les obligarán a ver sus películas porque las salas de cine tendrán que ponerlas en cartelera a la fuerza, aun cuando no sea un negocio para los exhibidores debido a la escasa convocatoria que tienen en el público. A los progresistas esta situación les parece una maravilla y lo califican como "igualdad de condiciones".

Al final esta ley pretende que los ciudadanos financiemos los proyectos cinematográficos de un grupito de elegidos, y elegidos por otro grupito de elegidos, creando con ello un perfecto círculo de argollas que acaba siempre en rivalidades y corrupción, como es ya historia conocida. Pero ¿por qué tendríamos que financiar todos nosotros estos proyectos privados? No lo sé. La verdad es que no tienen ninguna razón. Ni siquiera diré “una razón válida”. Simplemente no tienen ninguna razón. Todo lo que tienen son escusas y mentiras disfrazadas de Grandes Verdades, muy típicas del “pensamiento correcto”, tributario de un progresismo que apela a la cultura para disfrazar lo que es llanamente un negocio. La estrategia es disfrazar el cine de "producto cultural" para solicitar apoyo -ya no al negocio de ellos sino- "a la cultura". Justifican la importancia de este apoyo asegurando que "el cine es vital para formar la conciencia ciudadana”. En otras palabras el apoyo es para su "cine-cultura", y no para lo que todo el mundo entiende por cine: un negocio del entretenimiento.

Para los fines que perseguimos acá, que son defender el libre mercado y señalar las consecuencias negativas de la intervención del Estado, carece de sentido ingresar al debate progresista sobre el cine, la cultura, la sociedad y su mutua relación, alejándola artificialmente de sus otros aspectos como el negocio, la empresa y hasta la frivolidad. Sin embargo, podemos abordar este argumento del cine-cultura tan solo para demostrar que se trata de un disfraz. El concepto de cultura al que aluden los propulsores de la ley es elitista. El cine más bien busca todo lo contrario: no ser elitista sino masivo. El cine-arte, que si bien existe, es bastante reducido, llegando a veces a la extravagancia, y es apreciado por un reducido grupo de conocedores y exégetas que por lo general se concentran en los cine-clubs. ¿Es este el cine que la gente quisiera apoyar? No lo creo. El cine real y masivo no encaja en los conceptos usados por los progresistas. Ellos manejan sus propios conceptos elitistas, maniqueos y artificiales para vender la tesis de que su actividad es una necesidad vital para la cultura y la sociedad. Se trata de un exclusivo grupo que no quiere ir a competir en el mundo real sino vivir protegido en el seno del Estado y succionando la mamadera fiscal. Por otro lado, ya sabemos lo peligroso que resulta poner la cultura en manos del Estado. Al final veremos lo que un grupo de iluminados cree que debemos ver. Y el cine seguirá en la misma mediocridad, tal como ha ocurrido en todos los países en donde leyes igual de estúpidas se han perpetrado.

Los ciudadanos apoyamos la cultura de una manera muy simple y directa, sin necesidad de lobbys ni de leyes especiales. Lo hacemos cuando compramos una producción discográfica o fílmica, cuando asistimos al teatro, al cine, a los conciertos, etc. Así es como se apoya la cultura y como se diferencia lo bueno de lo malo: por el apoyo del público. No se necesita una “comisión de expertos” que decida lo que es bueno y lo que la gente debe ver. Nadie puede ni debe reemplazar al mercado. Los intentos de suplantar al mercado (o sea a la realidad) fracasan siempre. No se debe hacer lobbys para exigir el apoyo de la gente por la fuerza. Como tampoco deberían hacer lobbys para vetar una expresión cultural de mayor arraigo que el cine, como son los toros. No debemos torcerle el brazo a los ciudadanos para que vean o para que no vean algo. Eso es prepotencia totalitaria.

Debemos defender siempre la libertad del ciudadano a su libre elección, y rechazar cualquier proyecto que pretenda obligar a la gente a apoyar con su dinero una actividad lucrativa como es el cine, o a impedir que vea una manifestación cultural de largo arraigo como los toros. No importa qué argumentos "nobles y justos" nos presenten como escusas. Los ciudadanos deben ser siempre libres de elegir. Las leyes totalitarias que intentan imponerse al gusto de la gente y anular su poder de decisión deben ser rechazadas. El único poder que tiene la gente en una sociedad libre es su capacidad para decidir qué comprar y a dónde acudir. Ese es el único derecho inalienable que hay que defender. El cine nacional debe aprender a respetar los gustos y decisiones de la gente, aprender del mercado y la realidad, y no tratar de imponer sus gustos y criterios a la sociedad. En un país que carece de la cadena productiva que da sustento a la capacidad fílmica, tienen que salir necesariamente a establecer acuerdos y proyectos conjuntos en el exterior. Y si lo que buscan es sustentar su trabajo a largo plazo tienen que dejar de ver la sociedad local como mercado y olvidarse de los nobles supuestos culturales que sustentan su ley.

No me impresionan las argumentaciones que contiene la ley del cine. Son las típicas del entorno burocrático progresista y maniqueo, que además copia a otras leyes similares de otros países. Prefiero pasarlas por alto y enfocarme en los argumentos que esgrimen quienes defienden esta ley. Son los progresistas que nos repiten lo mismo de siempre, como por ejemplo que “la realidad está distorsionada”. No me sorprende. Para todo progresista la realidad está mal, es injusta o “distorsionada”. Así es como ven el mundo y por eso andan siempre tratando de hacer revoluciones o leyes arbitrarias que "arreglen" el mundo a su peculiar forma de entender la vida. Las personas sensatas empiezan reconociendo la realidad tal cual es, y aprenden de ella. Un verdadero revolucionario es aquel que cambia la realidad introduciendo novedades mediante su creatividad e ingenio. Tenemos muchos ejemplos de estos visionarios y revolucionarios que cambiaron el mundo: Henry Ford, Tomas Alva Edison, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney, etc. La otra clase de revolucionarios solo causaron genocidios y miseria.

Lo que el progresista intenta decir es que "la realidad está distorsionada” porque hay una predominancia del cine de Hollywood. Esto es tan ridículo como afirmar que la naturaleza está equivocada porque hay más insectos que humanos. Hay razones perfectamente lógicas y naturales que explican por qué las cosas están como están. Pero en la mentalidad de un progre la realidad debe ser igualitaria porque toda desigualdad es injusticia. Ese no es un problema de la realidad sino de la mente progre. En el mercado del cine quien manda es el consumidor. Es el ciudadano que elige libremente qué ver y a qué cine ir. Es una elección libre. Pero los progresistas viven convencidos de que el mercado está manipulado por "las Majors" y que son estas quienes deciden “monopólicamente” lo que se exhibe en las salas. Por ello el progresismo afirma que los enemigos del cine nacional son “las Majors”. Pero realmente no es así. Quien decide al final siempre es el público. Los dueños de cine están haciendo un negocio y les conviene exhibir lo que la gente quiere ver y paga por ver. De lo contrario perderían dinero. El capitalismo progresa porque las empresas buscan maximixar sus ganancias ofreciéndole a los ciudadanos más y mejores productos. Así es como todos ganan. Así que todo ese odio progresista a "las Majors" no tiene ningún sentido. 

Víctimas de sus errores ideológicos, los progresistas no solo sospechan de las empresas sino que pretenden un "mercado igualitario", donde las producciones nacionales compitan “en igualdad de condiciones” con las extranjeras. Para corregir el mercado "distorsionado" el Estado debe obligar a los exhibidores a reservar una cuota de pantalla para las películas nacionales. Pero no creo que la igualdad deba estar referida tan solo a cuotas de pantalla. ¿Y qué hay de la calidad? No me refiero tan solo al empleo de sofisticada tecnología, grandiosos escenarios, vestuarios, libretos, música y afamados actores, sino principalmente a la sintonía con los gustos del público. ¿Hay igualdad en ello? ¡Casi nunca! Al progresismo le tiene sin cuidado la opinión del mercado, es decir, el gusto del público, al que finalmente desprecian. Los progresistas quieren que la gente vea lo que producen porque se sienten elegidos, iluminados, dueños de una verdad trascendental que le hacen bien a la sociedad. La gente debe ver sus producciones porque consideran que es un arte especial que lleva "un mensaje social", porque "refleja la realidad",  porque toca "fibras sensibles" y porque así lo han decidido ellos. Pero el mundo no funciona así. Por lo menos el mundo libre. Si quieren que la gente vaya a ver sus películas, lo único que tienen que hacer son buenas películas, o sea, acorde con los gustos y expectativas del público y no acorde con los criterios progresistas sobre el buen cine. Lo que pretenden con su “igualdad de condiciones” es simplemente gozar de privilegios mediante el abuso de poder. Una ley que exige cuotas de pantalla sí distorsiona la realidad, la falsea, hace perder dinero y al final nos engañamos todos y perdemos todos. 

Antes de recurrir a leyes autoritarias, lo que deberían indagar los cineastas es ¿por qué fracasan sus películas? ¿Por qué no son atractivas para el público? Un progresista nos lo explica así: ellos no hacen películas para el gran público sino para un “público selecto”, amante del “buen cine”, para aquel que considera al cine “una expresión artística que contribuye a formar ciudadanos críticos de sus circunstancias, cada vez más conscientes y libres. Y lo hacen con películas que señalan las cosas que creemos que merecen ser cambiadas“. De esto se trata: los progresistas quieren imponerle a la sociedad su concepto de cine-cultura y utilizarlo como plataforma de adoctrinamiento ideológico y lucha política. ¿Y nosotros tenemos que financiar esos despropósitos? ¡No faltaba más!

El cine es fundamentalmente un medio de entretenimiento. Eso es lo que busca la gente cuando va al cine y para eso paga su plata. Por su parte, para el Estado el cine debería ser básicamente una industria y un negocio. Así es como debería verse. Únicamente para el lobby que anda detrás de la famosa “Ley del cine”, del dinero fácil y la comodidad de una sala secuestrada, el cine es exclusivamente “cultura”, y una “cultura progre”. Aunque este argumento solo se sostiene para pasar la ley, porque una vez que esta rige, lo que se aprecia es una variedad de producciones que incluso lindan con lo vulgar y el mal gusto. La comisión burocrática oficial encargada del cine explica que han apoyado estas malas producciones por falta de otras y para evitar perder el dinero de las subvenciones. Es decir, un absurdo descomunal, porque significa que los ciudadanos acaban financiando las producciones basura. Y encima nos la tenemos que bancar!

Lo peor de todo es que ya hemos comprobado muchas veces lo nefasto que son estas leyes de supuesta y aparente promoción. Han fracasado en todos los países. Cada vez que el Estado ha intentado promover una industria asegurándole la preferencia artificial del mercado, lo único que se ha conseguido es su postergación, atraso y mediocridad, además de grandes corruptelas. Esto ya lo sabemos de memoria. ¿Por qué se insiste siempre en la misma clase de errores? ¿Es que nunca vamos a aprender que la competencia sana es lo único que permite desarrollar cualquier actividad?