La actuación de las ONG de DDHH

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Introducción

La paradoja y la anécdota son quizá los componentes más recurrentes de la realidad humana. Una mirada a la historia nos revela que a pesar de todos nuestros esfuerzos por diseñar un mundo mejor -y a despecho incluso de los grandes conocimientos acumulados por la humanidad en el último siglo y medio- las sociedades humanas siguen en una marcha incontenible hacia las crisis. Nada de lo hecho parece servir sino para cambiar el escenario de la crisis y otorgarle un nuevo sentido a la experiencia del fracaso. Peor aun, a menudo las instituciones creadas para protegernos de los males acaban siendo nuevos males. Algo de esto es lo que ha ocurrido con las organizaciones internacionales como la ONU y sus satélites, decididas a impartir directivas de buen gobierno a todos los países. Pero también ha ocurrido esto con las entidades creadas para defender los Derechos Humanos, diseñadas para actuar en determinada coyuntura y que hoy se enfrentan a escenarios muy distintos. Aunque el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, estas instituciones permanecen ancladas en el pasado, pues su estructura e ideología jurídica obedecen a un mundo que ya no existe.

Lo mismo ocurre con las ONGs creadas para defender los derechos humanos, que no en pocas ocasiones han servido para defender a quienes atentaron contra los DDHH en la época de las guerrillas y el terrorismo de izquierda. De hecho, algunas de estas ONGs responden a las necesidades de defensa de determinados grupos de izquierda, y están hoy manejadas por activistas de izquierda, interesados más en proteger a sus miembros, reivindicar sus acciones y abrirle el paso a su doctrina con un nuevo barniz de defensa de los derechos y del ambiente. En el Perú estas organizaciones se agrupan en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH, encargada de llevar diligentemente los casos contra el Estado peruano ante la Corte IDH y juzgar a militares en procesos sin fin. Es fácil advertir que existe un extraño apasionamiento en la forma en que estas ONGs viven enfocadas en la persecución de militares y en la búsqueda de reparaciones para terroristas y sus familias.

Una perversa circunstancia que se deriva de la historia hace que la Corte IDH esté focalizada únicamente en el juzgamiento a los Estados y que toda sentencia conlleve una reparación económica a la víctima. Este último hecho alienta una abierta búsqueda de recompensas en las ONGs de DDHH, las que han pasado así a convertirse prácticamente en agencias de cazarrecompensas. Pero además, la circunstancia citada las limita a ocuparse solo de cierto tipo de casos, descuidando una inmensa cantidad de situaciones en que los derechos de las personas se vulneran de diferentes modos y por distintos agentes. Hay pues en todo este escenario de justicia internacional muchos aspectos que trasgreden una real justicia de DDHH, en especial tratándose de eventos que corresponden a vivencias históricas excepcionales como las que atravesó el Perú en la década de los 80 y parte de los 90. A continuación revisamos la situación de los DDHH y sus ONGs.

Perspectiva histórica

El interés por los DDHH surge en la posguerra, luego de haber sido testigos de las masacres humanas más atroces de la historia, no solo de parte de los nazis sino también por el comunismo. Los procesos de Núremberg sentaron las bases para una nueva forma de percibir las acciones de guerra. De ellos nacieron las ideas para formar más tarde las bases de una jurisprudencia internacional, entre ellas la Declaración de los Derechos Humanos establecidas como norma internacional. Debemos recordar que en el siglo XX se asesinaron más seres humanos que en toda la historia anterior de la humanidad. La mayoría de estas masacres se produjeron extrañamente en búsqueda de una quimera llamada "justicia social", en manos del comunismo. Estos homicidios estuvieron a cargo de gobiernos totalitarios inspirados en doctrinas utópicas y encarnadas por líderes que apelaban a las masas para sustentarse, instándolas a defenderse de un supuesto peligro que amenazaba su integridad como nación, clase o religión; promoviendo al mismo tiempo un cierto tipo de ideología del odio dirigido a los que consideraban enemigos. Estos podían ser igualmente una raza, una religión, un pueblo, país o una clase social. Como producto de esas doctrinas fundadas básicamente en una ideología del odio sectario se desataron dos guerras mundiales y posteriormente diversas otras masacres de exterminio brutal por cuenta de estados totalitarios comunistas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no alcanzó la paz sino un nuevo estilo de violencia política de dimensiones internacionales. Por un lado el antagonismo político y militar establecido entre las dos nuevas superpotencias mundiales, los EEUU y la URSS, fue trasladado por este último al plano ideológico. Ya no se trataba de cuidar la paz del mundo sino de ganar la hegemonía mundial a través del adoctrinamiento de las personas enseñándoles a odiar al enemigo de clase: el imperialismo norteamericano. Rápidamente los países latinoamericanos fueron invadidos por toneladas de material literario procedente de países comunistas, el cual era distribuido gratuitamente en las universidades a los jóvenes, quienes sintieron recibir un llamado divino para luchar por la tierra prometida de la justicia social.

Durante los años 60 y 70 Latinoamérica se vio inflamada por el marxismo. El triunfo de la revolución cubana atizó los entusiasmos de una generación de jóvenes que soñaban con el paraíso del socialismo, donde todo sería justicia e igualdad pues no habrían ni ricos ni pobres. Para empeorar el escenario ya efervescente, China surgió como una nueva potencia mundial que proponía un nuevo estilo de comunismo. La mayoría de países dominados por el comunismo trataban de exportar su propio modelo con literatura de propaganda. Incluso Albania exportaba en lujosas revistas su modelo de socialismo agrario. En todas estas publicaciones se exhibía un culto delirante a la persona del líder. El marxismo repentinamente se puso de moda en nuestra cultura y fue asumida ingenuamente como la gran solución a todos los males de la humanidad, en especial de la pobreza. Por desgracia se trataba de una ideología del odio. Un odio dirigido a los enemigos de clase.

La propaganda marxista penetraba Latinoamérica culpando al capitalismo y al imperialismo norteamericano por todas las desagracias del mundo, incluso las que existían desde siempre. Varias generaciones de jóvenes creyeron incautamente la propaganda comunista de la justicia social y emprendieron el activismo político de izquierda alentados por el ejemplo cubano. Toda una generación se convenció de que había que alcanzar el poder por las armas e imponer la justicia a la fuerza. Más que ejemplo, Cuba se había convertido además en la plataforma latinoamericana de adoctrinamiento y entrenamiento guerrillero marxista. Había un plan muy concreto para desatar una ola de revoluciones marxistas en todo Latinoamérica. Este plan provocó a lo largo de los 60 una penosa serie de organizaciones y actividades orientadas a la acción subversiva en varios países, la mayoría de las cuales acabaron en inútiles derramamientos de sangre. No solo Cuba exportó guerrilleros sino también Chile y Argentina, cuyos montoneros sirvieron de soporte a la guerrilla nicaragüense y hasta asesinaron al ex dictador Anastasio Somoza en Paraguay.

La reacción natural de los países y gobiernos de Latinoamérica ante la ofensiva comunista fue defenderse. Acción que estuvo a cargo básicamente de las FFAA de cada país, contando en muchos casos con el apoyo de los EEUU. A principios de los 80 la mayoría de estas acciones subversivas en Latinoamérica empezaron a perder fuerza, siendo finalmente derrotadas, incluyendo el marxismo electoral surgido en Chile, luego de que Salvador Allende lograra la presidencia de la República gracias a ciertos acuerdos políticos en el Congreso. Allende había recibido apenas el 36% de los votos en las elecciones de 1970, pero tras una serie de acuerdos partidarios el Congreso lo nombró presidente. Una vez en la presidencia, Salvador Allende no tuvo reparos para emprender una arriesgada y apresurada política de transformaciones radicales trasgrediendo los límites de la Constitución. El resultado obvio fue una crisis política, social y económica sin precedentes. Allende había viajado a la URSS y a Cuba, estableciendo pactos para convertir a Chile en la nueva plataforma sudamericana del comunismo mundial. Como triste consecuencia de la aventura comunista en Chile se dio el cruento golpe de Estado del general Augusto Pinochet y el suicidio de Salvador Allende. Al mismo tiempo se inició la diáspora de comunistas chilenos por todo el mundo.

En el Perú la historia de la agresión comunista se prolongaría hasta finales de los 90. Las exiguas guerrillas de los 60 fueron fácilmente derrotadas por el ejército. Luego los guerrilleros serían amnistiados y más tarde se incorporaron a la vida política conservando un aura especial por un tiempo. Al cabo de un extenso período de adoctrinamiento universitario en la década de los 70, la efervescencia del marxismo cobró vida nuevamente en los 80 pero esta vez con ribetes de genocidio salvaje. Ocurrió cuando el país había iniciado una nueva etapa de vida democrática. La versión marxista que emprendió la última aventura comunista de "guerra popular" se llamó Sendero Luminoso, inspirada en la revolución maoista. Pese a que el maoismo ya había caído en desgracia en China, Sendero Luminoso emprendió su propia versión andina de la revolución cultural rechazando el giro político de China mediante perros colgados en los postes, con carteles que llevaban el nombre de Deng Xiao Ping. Este gesto ya anunciaba el nivel de desvarío y perversión mental que caracterizaría a estos nuevos revolucionarios de la izquierda latinoamericana.

La carnicería desatada por Sendero Luminoso mediante el aniquilamiento selectivo así como colectivo, junto a sus acciones de sabotaje, obligaron al gobierno a incorporar a las FFAA a la lucha antisubversiva. Es necesario reconocer que el escenario que enfrentaba el Perú en los 80 desbordaba los cauces previstos en la Constitución. Toda Constitución se elabora pensando en superar la experiencia directa reciente que ha vivido el país. La Constitución que se redactó en 1978 se enfocó en proteger la democracia del acecho de los militares. Sin embargo, lo que vino después fue algo completamente nuevo y diferente. Hubo que llamar a las FFAA para defender la democracia atacada por un grupo de civiles enajenados con una ideología que se descomponía en el basurero de la historia. Había pues una abierta discrepancia entre el texto constitucional y la nueva realidad peruana. Incluso las FFAA estaban frente a una situación novedosa para la cual no estaban preparadas. Su doctrina de guerra se fundaba en otros escenarios y supuestos. De este modo tanto las FFAA como la clase política y el Estado en su conjunto se vieron sin sustento legal para enfrentar el acoso de una banda de asesinos fanáticos. Hubo pues que improvisar en medio del desconcierto. La realidad del Perú estaba fuera de las previsiones del marco constitucional.

Una paradoja de la historia fue que la Constitución de 1978 tenía como premisa la defensa de los DDHH. No empezaba definiendo a la República, como había sido el formato de las constituciones previas y como se espera que debe ser la constitución de un país, es decir, definiendo qué es lo que se constituye. En cambio, su título primero estaba dedicado a la declaración de los DDHH. Declara a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. Sin embargo, bajo el imperio de esta humanista Constitución el Perú vivió la época más perversa de su historia, signada por el atropello a todos los derechos que la persona humana puede tener empezando por la vida. La paradoja de nuestra historia fue que bajo la Constitución más perfecta y lírica en cuanto a derechos humanos el Perú acumuló su mayor cuota de sangre y muerte. Evidentemente las constituciones no protegen a la sociedad solo por acumular más retórica sobre los DDHH ni sobre la democracia. Además de exuberancia retórica alrededor de los DDHH la Constitución del 78 incorporó medidas para evitar los gobiernos inconstitucionales y de facto.

Detener el baño de sangre en el que se había sumergido el Perú en los 80 obligó al presidente Alberto Fujimori a salir del marco constitucional. Perpetró así un golpe de Estado el 5 de abril de 1992 cerrando el Congreso y adoptando medidas extraordinarias destinadas básicamente a enfrentar el terrorismo mediante acciones realistas y efectivas. Este golpe de Estado contó con la aprobación mayoritaria de la sociedad que no simpatizaba con el ambiente conflictivo y demagógico propio del Congreso, actitud que se mantiene hasta hoy como disconformidad con la democracia formal y sus instituciones básicas. Fujimori activó medidas efectivas contra el terrorismo como juicios sumarios en el fuero militar y jueces sin rostro. Luego ordenó el ingreso de las FFAA en las universidades. Solo así se pudo detener el adoctrinamiento y se impuso el orden en los claustros, convertidos en centros de reclutamiento de la subversión. También se impuso el orden en las prisiones, donde los terroristas actuaban libremente al haber convertido las cárceles en talleres, imprentas y escenarios de propaganda para la prensa internacional. Evidentemente Fujimori no podía mantenerse con aprobación internacional gobernando sin una Constitución ni instituciones democráticas. En consecuencia convocó de inmediato a elecciones para conformar un Congreso Constituyente que redactaría una nueva Constitución.

Esta situación puede ser definida como la necesidad de enfrentar situaciones extraordinarias con medidas extraordinarias. La realidad peruana había sobrepasado largamente todos los supuestos contenidos en la Constitución de 1978, elaborada pensando en defender la democracia de los golpes militares. La enumeración extensiva de los derechos humanos desde el título primero iba dirigida a imponerle al gobierno y al Estado el respeto de los individuos y de las instituciones democráticas como premisa fundamental. Sin embargo, la realidad fue exactamente al revés. En los años 80 los gobiernos fueron democráticos pero el desprecio a la vida y a los derechos humanos se manifestaba en la sociedad misma, se desarrollaba como una acción civil que desafiaba al Estado de Derecho y al propio gobierno. Estábamos pues ante un escenario no solo imprevisto sino completamente opuesto al que sirvió de base para diseñar la Constitución de 1978.

La última actuación del terrorismo en el Perú estaría a cargo del MRTA en 1997, cuando un comando liderado por Nestor Cerpa Cartolini capturó la residencia del embajador japonés. Su objetivo era liberar a sus presos. La lista empezaba por Nancy Gilvonio Conde, esposa de Néstor Cerpa, y los chilenos Jaime Francisco Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Astorga Valdés, todos ellos integrantes del MRTA. La osadía del grupo terrorista acabó con una acción militar en la que murieron todos sus integrantes. Tal vez podemos considerar este episodio como el último de los acometidos por el marxismo en el continente. Desde los primeros combates en la Sierra Maestra de Cuba, a cargo de la guerrilla castrista, hasta la muerte de los integrantes de la también castrista MRTA en la residencia del embajador del Japón en Lima, hay 41 años de historia en actividad subversiva a cargo del comunismo. Actividad extendida por toda la región, desde Centro América hasta Argentina, con resultados sangrientos y diferente suerte.

La adopción de la Corte IDH y las leyes antiterroristas

El Perú forma parte de la Convención Americana de DDHH desde el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. El Estado peruano suscribió la Convención el 27 de julio de 1977 cuando el Gobierno Militar venía preparando el retorno al sistema democrático y había convocado a la Asamblea Constituyente que sancionó la Constitución Política de 1979, en cuya décima sexta disposición final ratificó la Convención y declaró su sometimiento a la competencia de la Comisión y de la Corte. El depósito de la ratificación lo hizo el Perú, oficialmente, el 28 de julio de 1978 y presentó el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Comisión y de la Corte, como obligatoria de pleno derecho y sin reserva alguna, el 21 de enero de 1981, luego de instalado el Gobierno y el Congreso elegidos en 1980.

Está claro pues que el Perú pasa a formar parte del Sistema Interamericano de DDHH bajo un escenario muy diferente al que le tocaría enfrentar en la siguiente década. Las intenciones política de formar parte del sistema era defender la democracia y el abuso de poder por parte de las dictaduras militares que habían sido una constante en toda la región, pero también dotar a la sociedad de un instrumento de justicia supranacional que le garantice la protección de sus derechos ante la ineficacia de un Poder Judicial a menudo sojuzgado y comprometido con el poder político de turno. A continuación el Perú cambia de régimen político y empieza una vida democrática con diferentes retos políticos que exigieron la elaboración de nueva legislación, pero también enfrentó situaciones extremas que plantearían decisiones también extremas de supervivencia.

La violencia terrorista desatada por dos grupos de izquierda -el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru- afectó gravemente la vida de la sociedad peruana motivando la promulgación de leyes especiales que tipificaron el delito de terrorismo y establecieron penas paulatinamente más severas, dotando a las fuerzas policiales y militares de recursos y facultades que les permitieran una mayor eficacia en la lucha antiterrorista. Sometieron el enjuiciamiento de los terroristas a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, los problemas típicos de la justicia peruana tales como la dilación de los plazos, la sobrecarga procesal, la falta de capacitación de los jueces ante un nuevo escenario que requería nuevos criterios jurídicos, así como la descoordinación permanente con instituciones como la policía y la fiscalía, hacían que el trabajo de enfrentar legalmente a la sedición fuera imposible. A lo anterior hay que sumarle la corrupción y la constante amenaza en que vivían los jueces por parte del terrorismo.

No había pues un escenario apropiado para enfrentar el fenómeno del terrorismo con las armas de la ley. La burocracia jurídica así como los instrumentos legales nunca estuvieron a la altura de las circunstancias tan graves que enfrentó el Perú en la década de los 80. La clase política aun discutía sobre la naturaleza del fenómeno y el Congreso se entrampaba constantemente en debates extensos y estériles, concentrados más en investigar casos concretos, buscar responsables políticos y castigar a los agentes militares y policiales que enfrentaban el terror. Había una lucha desigual. Por un lado las fuerzas del orden se hallaban vigilados y con la responsabilidad legal y política sobre su accionar, mientras que al frente tenían enemigos que actuaban sin cuartel ni ley. Las FFAA además encaraban una situación nueva y desconocida en su formación, pues habían sido capacitados para pelear frente aun enemigo externo en escenarios muy diferentes. No tenían pues ni una doctrina de guerra apropiada ni una capacitación adecuada para el escenario que enfrentaban.

En 1990 el terrorismo había alcanzado un significativo avance y ramificaciones. No sólo había asolado el campo sino que además se había introducido en las ciudades y la ciudad de Lima se encontraba, realmente, en una situación de emergencia. El Gobierno se vio, entonces, en la imperiosa necesidad de enfrentar la violencia terrorista con una estrategia que jurídicamente se sustentara en una normativa sumamente severa e intimidatoria que, aunque dirigida a la protección ciudadana y a la cautela de las instituciones, podía colisionar con la Convención de los DDHH al mermar garantías y derechos ya consagrados en ella.

Por la gravedad de la situación política interna, el 5 de abril de 1992 el Presidente de la República Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso y procedió a convocar de inmediato a elecciones para que un Congreso Constituyente dotara al Perú de una nueva Carta Política. De este modo, el Poder Ejecutivo asumió la función de legislar mediante decretos-leyes. El 7 de mayo de 1992 se puso en vigencia el Decreto-Ley No. 25475 que estableció una nueva tipificación del delito de terrorismo y de figuras delictivas conexas; las penas aplicables, entre ellas la de cadena perpetua; normas para la investigación de las actividades terroristas, que la puso a cargo de la Policía Nacional; normas para la instrucción y juzgamiento de los terroristas bajo la competencia de la jurisdicción ordinaria, aunque con reserva de la identidad de los magistrados y fiscales; normas para el ejercicio de la defensa; normas para la ejecución de las penas; y, por último, para el régimen de visitas.

Pocos días después, el 17 de mayo de 1992 se puso en vigencia el Decreto-Ley No. 25499, denominado Ley de Arrepentimiento, que dispuso la reducción de las penas, su exención y aún remisión en favor de quienes habiendo participado en la comisión de delitos de terrorismo contribuyeran a combatirlo. Ya instalado el Congreso, por Ley No. 26220 del 19 de agosto de 1993, se pusieron en vigencia normas complementarias a las de la Ley de Arrepentimiento y, por Ley No. 26345, puesta en vigencia el 31 de agosto de 1994, quedó fijado el plazo hasta el 1 de noviembre de 1994 para que los terroristas se acogieran a la Ley de Arrepentimiento. No obstante estas medidas el terrorismo continuó intensificándose y tuvo su eclosión, en el mes de julio de 1992 en el atentado perpetrado en la Calle Tarata del Distrito de Miraflores.

El 14 de agosto de 1992 se puso en vigencia el Decreto No. 25659 que, bajo en nomen iuris de delito de traición a la patria, tipificó la figura del terrorismo agravado, aplicándole la pena de cadena perpetua y disponiendo que su juzgamiento, a partir de la antes indicada fecha, correspondía a la competencia de la jurisdicción militar desde la etapa de instrucción. Dispuso, además, que en ninguna de las etapas de la investigación y del proceso eran procedentes las acciones de garantía. Es del caso indicar que por Ley No. 26248, vigente desde el 26 de noviembre de 1993, se repuso la acción de hábeas corpus en favor de quienes estaban imputados de la comisión del delito de traición a la patria.

Mediante el Decreto-Ley No. 25148, vigente desde el 11 de septiembre de 1992, se dispuso que el juzgamiento del delito tipificado por el Decreto-Ley No. 25659 se tramitara por el procedimiento sumario establecido por el Código de Justicia Militar, imponiéndole al juez instructor un término máximo de 10 días naturales para expedir sentencia y precisando que era procedente el recurso de nulidad ante el Consejo Supremo de Justicia Militar. A mediados del mes de septiembre de 1992 fue capturado el ideólogo y jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, con lo que esta organización terrorista comenzó a declinar en sus actividades criminales. Sin embargo, lo mismo no ocurrió con el MRTA que intensificó sus acciones terroristas con atentados y secuestros, manteniéndose en actividad pese a la detención y juzgamiento de varios de sus líderes. El MRTA fue el autor de la toma de la residencia de la Embajada de Japón en Lima y del secuestro de varios centenares de personas que habían asistido a la recepción con motivo de su Fiesta Nacional, en diciembre de 1997.

Concluidas las labores del Congreso Constituyente y sometida a referéndum, la Constitución Política de 1993 entró en vigencia el 30 de diciembre de ese año. Al igual que la Constitución de 1979, su cuarta disposición final reafirmó la adhesión del Perú a las normas de la Convención de DDHH. La Constitución de 1993 diferencia, como delitos, la traición a la patria del de terrorismo, previendo para ambos la pena de muerte (art. 140) pero cuidando de no apartarse de los tratados de los que el Perú es parte y manteniendo para ellos la competencia de la jurisdicción militar (art. 173). Esta diferencia permite calificar dentro del delito de terrorismo, como figura genérica, la modalidad de terrorismo agravado que queda comprendida dentro del delito de traición a la patria.

En agosto de 1996, mediante la Ley No. 26655, se dio creación a una Comisión que tiene por encargo evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República la concesión de indultos y la conmutación de penas, en favor de quienes se encuentren condenados por delitos de traición a la patria, en base a elementos probatorios insuficientes que permitan presumir, razonablemente, que no habrían tenido ningún tipo de vinculación con actividades u organizaciones terroristas. Esta Comisión funcionó hasta el 31 de diciembre de 1998 y en virtud de sus propuestas se pudo reparar errores en los procesos que dieron lugar a condenas pero también indemnizar a quienes sufrieron indebidamente las consecuencias de la lucha antisubversiva.

Como se puede apreciar en esta narración sucinta, el Perú atravesó un período muy especial y atípico de su historia, el cual tuvo que enfrentar con medidas especiales. Pero queda también muy claro que, pese a las urgentes y enérgicas medidas que se adoptaron, hubo en todo ese proceso un esfuerzo genuino por generar un campo jurídico apropiado a la situación de emergencia, sin dejar de incorporar mecanismos de revisión y reparación de excesos por parte de las fuerzas del orden y de las drásticas leyes aplicadas. No se puede pues exigir menos a un gobierno que asume la imperiosa obligación de defender a la sociedad, del ataque de grupos terroristas que secuestran, amenazan y asesinan empresarios, comunidades y a la sociedad en pleno. Es deber de todo Estado y gobierno adoptar las medidas necesarias para cumplir el fin último de la defensa de la nación. Nada hay de reprochable en la conducta del Estado peruano que al final pudo restablecer el orden y devolverle al país la paz. Es obligación de todo buen político saber tomar las decisiones necesarias y enfrentar el proceso de la historia, antes que el de los políticos rivales.

El origen de las ONGs

Las ONGs hacen su aparición en el Perú en los años 60 bajo la influencia de las políticas de apoyo promovidas por iniciativas de ayuda global como el Plan Marshal y la Alianza para el Progreso. Sin embargo las principales ONGs serían creadas a fines de los 70 y principios de los 80 por parte de la cúpula de asesores marxistas que actuaron durante el gobierno militar, especialmente en el velascato. Al dejar el poder este selecto grupo de intelectuales de izquierda poseía el bagaje necesario tanto en lo organizacional como en los vínculos que les facilitó pasar cómodamente de la gestión burocrática estatal directa a la de sus ONGs, para seguir por este medio cumpliendo labores de asesoría al gobierno, entre otras funciones políticas y académicas.

Al iniciarse el accionar de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA en los 80, y con ello la respuesta policial y militar del Estado, surgieron ciertas ONGs como una afloración natural cuyos intereses se centraban en la defensa de los presos acusados de terrorismo. Algunas emergieron directamente desde los propios abogados vinculados a grupos terroristas como la "Asociación de Abogados Democráticos" dirigida por Martha Huatay. Sendero Luminoso y el MRTA no descuidaron ningún flanco en su lucha armada y tenían, dentro de su estructura orgánica, grupos orientados a tareas específicas como la cura de los heridos, el manejo de las finanzas, las relaciones internacionales y, desde luego, la defensa legal de sus militantes, incluyendo agrupaciones de apoyo a sus presos, a quienes proveían de alimentación especial. En añadidura manejaban sus propios órganos de expresión a nivel de la prensa escrita tales como Cambio y El Diario de Marka. Es decir, estamos hablando de organizaciones complejas que no descuidaron ningún aspecto de su estrategia de lucha. Existían diversas organizaciones vinculadas de manera directa o soterrada con los grupos terroristas. Así fue como aparecieron organizaciones paralelas como el Movimiento Femenino Popular de Ayacucho y algunos de los famosos frentes de defensa regional. La policía detectó y desarticuló varias organizaciones como Socorro Popular y la academia César Vallejo.

Sin duda los grupos terroristas también formaron sus propias ONG usando el camuflaje de la defensa de los Derechos Humanos. La vinculación estrecha de algunas ONGs de DDHH a determinados grupos terroristas es hoy más que evidente, pues existen expresiones públicas que lo demuestran. De manera indirecta también han realizado gestiones interesados en mejorar las condiciones carcelarias de los presos por terrorismo, investigar los casos más emblemáticos en los que la policía o las FFAA debelaron de forma cruenta motines carcelarios de los terroristas y, sobre todo, en conseguir nuevos juicios en instancias internacionales con el logro de indemnizaciones de parte del Estado. Adicionalmente se han movilizado para organizar a los familiares de las víctimas del accionar anti subversivo de las FFAA, sirviendo de asesores en la constitución de frentes muy activos que nunca dejan de estar presentes en cuanto acto público se presente como ocasión.

Es necesario observar que la última ola de ONGs llegó al Perú a fines de los 80 y principios de los 90, luego de la debacle mundial del comunismo. Tras la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo, los diversos partidos políticos de izquierda se quedaron en el limbo político y financiero, por lo que no tuvieron mejor alternativa que asumir el formato de una ONG, con lo cual podían seguir actuando políticamente y recibiendo subvenciones. Mejor aún, se integraban a la sociedad con la fachada de un organismo legal y con el perfil adecuado para realizar prestaciones académicas y asesorías. La gran mayoría de estas organizaciones se enfocó en los temas jurídicos, los DDHH y el ambientalismo. Con este panorama queda claro que las ONGs en el Perú, desde sus inicios, han estado directamente vinculadas a la izquierda, siendo además el refugio laboral de la gran cantidad de sociólogos, antropólogos y abogados que egresan a raudales desde la PUCP y la UNMSM, víctimas todavía de una moda cultural del Perú desde los años 70. Todas estas ONGs han constituido en los últimos 30 años una implacable maquinaria de publicaciones de izquierda, principalmente de estudios que se ocupan del escenario político y social desde la visión típica de la sociología marxista, tanto en la selección de los problemas como en el enfoque de sus análisis. Una de las más reputadas maquinarias de publicación de esta clase de libros es el Instituto de Estudio Peruanos (IEP).

En la actualidad la principal organización de ONGs es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que agrupa a más de 70 organizaciones vinculadas a la defensa de los DDHH. Cabría preguntarse ¿por qué de pronto se ha extendido tanto el espacio de los DDHH en el Perú? ¿Cómo es que la defensa de los DDHH suscita tanto interés que ya podemos hablar del boom de ONGs de DDHH? ¿Cuáles son sus objetivos en medio de una democcracia renovada como la que vive el Perú desde el 2001? En seguida comprenderemos cómo y por qué estas organizaciones que viven aparentemente dedicadas a la defensa de los DDHH han tenido semejante profusión en nuestro medio, cuál es el verdadero negocio detrás de las apariencias y por qué tal actividad ha desatado una especie de fiebre del oro.

La era de las ONGs de DDHH

Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori el Perú volvió a ingresar a un limbo constitucional, es decir, a una situación en que la realidad trasciende lo normal y termina fuera de cualquier supuesto o marco previsto en la Constitución. Entonces la vida empieza a ser regida por decisiones arbitrarias que se sostienen apenas sobre un frágil consenso temporal logrado a base de emociones colectivas coincidentes. El presidente Fujimori prácticamente había fugado del país al asistir, en plena crisis de gobierno, a una inocua reunión en el lejano oriente. Luego se dirigió al Japón y envió su renuncia. Eso fue demasiado para un pueblo que acababa de ver las evidencias de la corrupción del régimen. Incluso en las filas del fujimorismo pudo verse el rostro de la consternación, la decepción y la vergüenza, al punto que no ofrecieron ninguna resistencia ante la ola de indignación que los barrió de la política por varios años. Pero esa ola vino con varias cosas más que solo indignación. Muchos se treparon a la ola para recuperar el terreno perdido, especialmente la izquierda.

En aquellos días la realidad se tornó volátil, las noticias cambiaban tan rápido que los diarios se hacían inservibles apenas comenzando la mañana. La clase política y la sociedad habían llegado a los límites de la tolerancia frente a los escándalos de corrupción y ante las evidencias de abuso de poder del régimen. La indignación era tal que el orden constitucional de sucesión fue simplemente dejado de lado. En buena cuenta se les obligó a renunciar a todos. Nadie tuvo la osadía de invocar la Constitución. El primer vicepresidente Francisco Tudela ya había renunciado mucho antes, pero tampoco le permitieron asumir la presidencia al segundo vicepresidente Ricardo Márquez. Luego en el Congreso hubo una especie de motín que exigió la renuncia inmediata de la mesa directiva presidida por la fujimorista Martha Hildebrandt. Enseguida, con una rapidez inusitada se eligió como Presidente del Congreso a un oscuro congresista de escasa votación y miembro de un partido minoritario, quien finalmente fue ungido Presidente de la República. En esos días el Perú transitó sin rumbo ni autoridad alguna hasta la juramentación del nuevo e improvisado presidente designado por el Congreso: Valentín Paniagua. Era el 22 de noviembre del 2000.

El nuevo régimen surgió de la nada y transitó sin rumbo teniendo un techo de apenas 7 meses de gestión. Su misión fundamental fue convocar a elecciones generales para volver al cauce de la normalidad constitucional. Sin embargo en esos pocos meses cambiaría radicalmente la historia del país, teniendo como eje de giro el campo jurídico. Paniagua convocó para formar gabinete a Javier Pérez de Cuéllar, quien juró como Premier. El gabinete incluyó al jurista Diego García-Sayán Larrabure al frente del Ministerio de Justicia, solapado genio y artífice del cambio de rumbo del país. La clave fue colocar al Perú bajo la jurisdicción absoluta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ninguna clase de reservas. El segundo paso fue la conformación de una Comisión de la Verdad, una especie de Inquisición que investigaría la violencia de los últimos 20 años para señalar a los responsables, como si nadie lo supiera. Todo esto dio inicio a la era de las ONGs de DDHH.

En el campo jurídico el Perú dio un viraje a la izquierda eliminando el paraguas que protegía al Estado del accionar contencioso de los grupos de izquierda organizados en ONGs de DDHH. Si bien el país era parte de la Comisión Interamericana de DDHH, mantuvo en reserva con mucha cautela su política antiterrorista por considerar que el escenario que enfrentaba estaba fuera del esquema habitual que sirve de marco a la jurisprudencia sobre DDHH. No era lógico aplicar al Estado peruano en su lucha contra el terrorismo, los criterios establecidos para juzgar el accionar de los estados en tiempos regulares. La Corte IDH sólo enjuicia estados. El Estado peruano, junto con la sociedad peruana, era víctima de los grupos subversivos de izquierda cuyo accionar alcanzaba grados superlativos de violencia, llegando al genocidio y al terrorismo. Todo el esquema jurídico de la CIDH está diseñado y preparado para enjuiciar la actuación de Estados y no para defenderlos. Hubiese sido contraproducente que el Perú tuviese además a la Corte IDH como otro frente ante el cual defenderse de la izquierda.

Pero esta posición coherente y digna del Estado peruano fue súbitamente cambiada por el flamante Ministro de Justicia Diego García-Sayán, un burócrata internacional formado en la PUCP, vinculado a la Corte IDH y miembro propietario de la "Comisión Andina de Juristas", ONG vinculada a los Derechos Humanos. Es decir, el ministro de Justicia García-Sayán era ya parte del sistema de ONGs que lucran con los DDHH en la modalidad de asesorías, estudios y publicaciones de carácter jurídico. La primera consecuencia del allanamiento total del Estado ante la CIDH fue recibir la orden de volver a juzgar a toda la cúpula terrorista en pleno siguiendo los estándares regulares de la justicia típica, rechazando la existencia de "jueces sin rostro". Afortunadamente para entonces el terrorismo había sido ya derrotado y en cierta forma se pudo repetir el juicio bajo los estándares de una justicia regular sin mayores dificultades. Estos juicios no hicieron más que ratificar las sentencias. No era pues necesario llegar a tal punto de inflexión. El Perú es -o al menos era- un Estado soberano. Pero ese fue apenas el inicio de lo que luego sería la gran marea de los juicios contenciosos por los DDHH organizada por la colección de ONGs de DDHH que encontraron en la Corte IDH una puerta abierta para fustigar al Estado peruano por su actuación contra la subversión. En los hechos pudimos asistir a la defensa abierta de terroristas y a la persecución implacable de militares que combatieron a los grupos subversivos. Como recompensa, dos años más tarde Diego García-Sayán sería nombrado presidente de la Corte IDH.

La actuación de las ONGs

El primer acontecimiento que motivó a las ONGs de DDHH a organizarse fue la masacre de Uchuraccay ocurrida el 26 de enero de 1983, cuando los comuneros de esa zona dieron muerte a seis periodistas y su guía al confundirlos con terroristas. Casi como un acto reflejo, la izquierda culpó de la masacre a los policías y militares. Fue por la necesidad de coordinar esfuerzos en este sentido que nació la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), agrupando a las ONGs de izquierda en su tarea de combatir al Estado. Desde entonces la CNDDHH tiene como una de sus principales misiones la persecución judicial de militares, la defensa de terroristas, el seguimiento judicial de sus causas y el logro de reparaciones para sus familiares. De hecho es la CNDDHH el principal agente acusador del Estado peruano ante la Corte IDH. Además se ocupan de buscar víctimas del Estado. Si estas no se sienten agraviadas son convencidas de ser víctimas, se les ofrece asesoría gratuita con promesa de beneficios futuros, luego son organizadas en asociaciones de víctimas diversas, aleccionadas y paseadas en foros para que narren sus historias dramáticas, como es el caso de Georgina Gamboa, campesina que es llevada a cuanto foro se organiza y presentada para narrar con detalle cómo fue violada por siete "sinchis".

La primera sentencia de la Corte IDH contra el Estado peruano se dictó el 20 de enero de 1995, haciéndolo responsable de la desaparición de tres internos terroristas durante la debelación de un motín en la isla penal de El Frontón. Un motín que fue parte de las acciones concertadas por el grupo Sendero Luminoso, dueños en la práctica de los principales penales de la capital, donde existían centenares de reclusos por terrorismo. En junio de 1986 Sendero Luminoso ejecutó una acción concertada de lucha contra el Estado, teniendo como uno de sus frentes el amotinamiento de sus militantes en los penales de Lima: Santa Bárbara, el Frontón y Lurigancho. En las acciones emprendidas por el gobierno de Alan García para retomar el control de los penales murieron 300 terroristas internos. La Marina de Guerra fue encargada de retomar la isla penal del Frontón, lo que cumplieron mediante acciones de guerra, no sin antes conminarlos a rendirse. Como consecuencia murieron 152 internos amotinados. Las ONGs de DDHH nunca cejaron en su empeño por enjuiciar y lograr sanciones penales contra los miembros de la Marina de Guerra y el presidente Alan García por tales hechos, reabriendo el caso numerosas veces.

Con el inicio del gobierno de Alejandro Toledo en julio del 2001, Diego García-Sayán siguió en el gabinete como ministro de Relaciones Exteriores y consiguió que el nuevo gobierno ratifique la Comisión de la Verdad, el que fue ampliado para disminuir las voces discordantes y acabó llamándose Comisión de la Verdad y Reconciliación, conocida como CVR. Su conformación fue muy discutida por arbitraria, ya que se hizo sin coordinación política alguna. Se cuestionó también su real sentido, pues en el Perú no existía ninguna verdad por descubrir; pero las objeciones iniciales se centraron en sus miembros, pues casi todos eran reconocidos integrantes de izquierda, incluyendo compañeros y amigos de Abimael Guzmán y ex militantes de grupos radicales como Carlos Tapia, integrante del MIR en los 60. Además no podía faltar la representante de la CNDDHH, la Sra. Sofía Macher. En los hechos la CVR fue una comisión de izquierda. Fue la comisión más costosa del mundo, ya que alcanzó a gastar US$ 19 millones de dólares, también fue la más numerosa con 12 comisionados y 500 empleados. El trabajo de la CVR fue realmente un gran negociado para las ONGs y para un selecto grupo académico relacionado con la PUCP.

Luego de publicado el informe final de la CVR, que no tenía carácter vinculante con el Estado, las ONGs de DDHH lo usaron como sustento para materializar acusaciones contra militares ante el Poder Judicial y la Corte IDH. Sin embargo, en el transcurso de los juicios muchos testimonios fueron desmentidos y cambiados, descubriéndose que los integrantes de la CVR indujeron a los testigos a acusar a las FFAA. El interés principal de la CVR estuvo orientado a descubrir y revelar las estrategias antisubversivas de las FFAA y conocer la identidad real de sus integrantes en la lucha contra el terrorismo. Su informe final dio inicio a la cacería implacable de militares y policías que tomaron parte de las operaciones contrasubversivas. Solo años después, cuando el prestigio y credibilidad de la CVR cayó a sus niveles más bajos, la Sra. Sofía Macher reconocería que fue un error no convocar también a los militares.

Entre las últimas acciones emprendidas por la CNDDHH está la acusación a los integrantes del comando Chavín de Huántar, responsables de la liberación de los rehenes cautivos en la residencia del embajador del Japón por parte del grupo terrorista MRTA en Abril de 1997. Otro capítulo negro de las ONGs de DDHH ha sido el montaje del psicosocial llamado "esterilizaciones forzadas" que busca culpar al régimen de Alberto Fujimori de 300,000 supuestas esterilizaciones forzadas. Toda la batería de izquierda se orientó a generar el gran psicosocial según el cual Alberto Fujimori habría diseñado una política de Estado, de estilo nazi, destinado al exterminio de campesinas mediante su esterilización forzada. En realidad se trató de una política de población emprendida en coordinación con la ONU y el auspicio de agencias internacionales, incluyendo algunas ONGs feministas. El objetivo era brindar apoyo a las mujeres más pobres -y especialmente indígenas- en estrategias de control de natalidad. El programa brindaba información sobre todo tipo de métodos, entre ellos la "Esterilización Quirúrgica Voluntaria". Según la información oficial, el MINSA implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996-2000 ofreciendo métodos anticonceptivos a 850,000 familias al año, siendo la EQV (ligaduras) el 13% del total de métodos usados. De acuerdo a la encuesta ENDES 2000, el 81% de las mujeres que se sometieron a una EQV estaban satisfechas con su decisión. El 94.4% de la población rural declaró saber que era un método permanente.

Evidentemente el programas tuvo fallas en casos muy contados, propios de cualquier sistema de salud de gran alcance. La Defensoría del Pueblo investigó el programa emitiendo 4 informes, donde encontró algunas irregularidades como fallas en métodos anticonceptivos, consentimientos firmados en formato distinto al establecido por la norma, ausencia del periodo de reflexión en EQV, maltrato del personal médico, fallecimiento y EQV sin consentimiento. El Informe 69 (2002) analizó 773 quejas, 35 por esterilizaciones sin consentimiento entre 1996-2000 (10 declaradas infundadas). Ocurrieron 18 muertes y cerca de 150 casos donde, en efecto, médicos irresponsables realizaron EQV sin consentimiento. Estos representan el 0.05% del total de las EQV realizadas. El Congreso realizó su propia investigación durante el gobierno de Toledo, en plena fiebre anti fujimorista -y sin existencia de congresistas fujimoristas- concluyendo en archivar el caso. Lo mismo hizo la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las ONGs de DDHH no han dejado de repetir la mentira de las "esterilizaciones forzadas", utilizándola como uno de sus psicosociales favoritos. Fue uno los infundios más repetidos en la campaña presidencial del 2011 para dañar la imagen de Keiko Fujimori, a quien le cargaron todo el peso de los errores de su padre. Un conocido periodista de izquierda, César Hildebrandt, llegó a publicar un infame artículo titulado "La hija del ladrón".

Otro caso que pinta de cuerpo entero la forma de proceder y las verdaderas intenciones de las ONGs de DDHH agrupadas en la CNDDHH, es el del asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca, ocurrido el 18 de diciembre de 1992 a manos de Sendero Luminoso, tal como ellos mismos lo reivindicaron en su momento y lo estableció la policía. Sin embargo, en los meses posteriores surgieron supuestos testigos responsabilizando al Grupo Colina, un cuerpo de militares que actuaba clandestinamente contra focos subversivos específicos. Las contradicciones se hicieron más patentes cuando los propios senderistas asumieron como estrategia culpar al Grupo Colina. La CVR en su informe final expresa que no pudo hallar la verdad sobre este caso. Pese a ello, la CNDDHH ha asumido culpar a los militares convenciendo a las hijas de Pedro Huilca, ya mayores, para declararse víctimas del Estado. La actual dirigencia de la CNDDHH a cargo de Rocío Silva Santisteban no tiene reparo alguno en manipular a las jóvenes huérfanas llevándolas a eventos donde las insta a reclamar por justicia y "reparaciones" al Estado.

Sería largo enumerar las muchas campañas mediáticas emprendidas por estas ONGs de DDDHH que en más de una ocasión han hecho causa común con sus pares ambientalistas, las cuales no son más que nuevas versiones de partidos comunistas revestidos de ONGs ambientalistas. Sus campañas han estado orientadas a crear psicosociales referidos al peligro ambiental de los nuevos proyectos mineros, como la escasez del agua (en un país donde este recurso sobra) y otras formas alarmistas, con la finalidad de impedir las inversiones extranjeras, como siempre ha sido la consigna histórica de la izquierda. Dentro de tales campañas no han dudado en atribuirle a la actividad minera los males eternos y propios de la burocracia del Estado peruano. Tampoco han dudado para instigar a las comunidades a la violencia, al paro, a las marchas, las tomas de carretera y el vandalismo en todas sus formas. Las ONGs de DDHH han servido como escudo protector de los activistas y vándalos antimineros, y acusadores, una vez más, de las fuerzas del orden. Por último no debemos perder de vista que la vieja alianza internacional del comunismo sigue vigente, pero hoy en la forma de asociaciones ambientalistas y de DDHH que actúan a nivel de Latinoamérica y el mundo, prestándose los argumentos y los predicadores. En esta tarea son apoyados por inocentes y no tan inocentes instituciones internacionales dedicadas a preservar el movimiento socialista mundial en todas sus formas.

Este es pues el escenario general en cuanto al papel que juegan hoy las ONGs de DDHH en el Perú. A diferencia de las que actúan en otros países como en Venezuela, donde defienden al ciudadano común de las acciones del Estado, en el Perú se hallan enfocadas en el pasado, y particularmente en el período del gobierno de Alberto Fujimori. Se trata en los hechos de agrupaciones de izquierda bien organizadas con el fin de perseguir al régimen de Fujimori, a los militares que actuaron contra la subversión terrorista de izquierda, acosar al Estado con juicios ante la Corte IDH en búsqueda de reparaciones económicas, buscar y organizar a las "víctimas" del Estado para montar psicosociales políticos en sus medios y, por fin, exigir las reparaciones prometidas por la CVR. Adicionalmente se han constituido en los hechos como un frente político de izquierda, con una maquinaria implacable, bien organizada y mejor financiada, de desprestigio del fujimorismo y oposición tenaz a la política económica liberal.

Conclusiones

La defensa de los derechos humanos surge en un mundo amenazado por totalitarismos de Estado. Por un lado el nazismo y por otro el socialismo fueron dos expresiones política nefastas que provocaron la mayor cuota de muertes de la historia de la humanidad. Si bien el nazismo fue derrotado durante la Segunda Guerra Mundial, el socialismo continuó su expansión durante la Guerra Fría dominando la Europa del Este y llegando hasta Latinoamérica, donde se generaron diversos focos guerrilleros y terroristas que buscaban asaltar el poder por las armas con el objetivo de constituir una dictadura de Estado, es decir, un Estado comunista. En esta tarea gozaban del apoyo de superpotencias como la URSS y China, entre otros, utilizando como plataforma a Cuba, donde ya se había instalado una dictadura comunista.

La elaboración del esquema jurídico de defensa de los derechos humanos tuvo como escenario político el enjuiciamiento de los nazis derrotados, junto a un desinterés total respecto del accionar comunista. Esto fue una completa falta de visión de la amenaza que significaba para la humanidad la prepotencia de los estados comunistas en el mismo instante en que se discutía sobre DDHH. Mientras que en Latinoamérica los grupos de izquierda asumían diversos formatos como guerrilleros, secuestradores, extorsionadores y terroristas, el esquema jurídico de los DDHH se encuadraba tan solo en el enjuiciamiento de Estados. Para entonces, los Estados totalitarios en Latinoamérica asumían la forma de gobiernos militares temporales que asaltaban el poder llevados por el liderazgo mesiánico de personajes propios del foclore y cultura de la región. Varios de ellos retratados por la literatura en obras famosas como "El otoño del patriarca" de García Márquez, "Yo el Supremo", de Augusto Roa Bastos, "La fiesta del Chivo" de Mario Vargas Llosa, entre otros.

Preocupados apenas por el abuso del Estado dictatorial, el esquema jurídico de defensa de los DDHH se elaboró sin atender el accionar indirecto de estados comunistas lejanos que tenían el poder para intervenir más allá de sus fronteras, financiando la actividad de grupos civiles armados, que emprendían campañas de violencia letal con el objetivo de instaurar estados totalitarios de opresión, como luego ocurrió en Cuba. Paulatinamente Latinoamérica recuperó la democracia pero fue víctima de grupos armados de izquierda que eran representantes de estados totalitarios y actuaban bajo su amparo e inspiración. Estos grupos civiles (armados y desarmados) quedaron como los únicos o principales perpetradores de atentados contra los DDHH cuando el Perú recuperó la democracia en 1980. Luego resultó que el accionar legítimo del Estado democrático en defensa de su sociedad, la democracia y del Estado de Derecho, acabó siendo condenado por esta ciega estructura jurídica. De este modo el Estado y la sociedad peruana sufrían por un lado las agresiones brutales de grupos de izquierda como el Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso y el MRTA, pero por otro se hallaba atada de manos por el accionar de la Corte IDH, que actuaba en los hechos en favor de estos grupos subersivos. Si bien esto ocurrió en el Perú en la etapa final del comunismo mundial, en otros países sucedió más temprano y la vinculación de estos grupos de izquierda con los estados totalitarios comunistas era más evidente. Sin embargo nunca se los juzgó como agentes reales de estados totalitarios lejanos. Tan solo el Estado víctima de sus acciones estaba bajo la mira de la Corte.

Por su parte los grupos de izquierda, al perder la subvención de los estados comunistas luego de la debacle mundial del comunismo, sufrieron una mutación asumiendo el formato de ONGs de DDHH, así como también ambientalistas y de otros tipos. A partir de esta metamorfosis de los grupos extremistas, las ONGs de DDHH emprendieron -como antes- la guerra contra el Estado peruano pero desde el plano jurídico, procurando maniatarlo frente al accionar subversivo y cobrándose la revancha por las derrotas sufridas. También asumieron la defensa de subversivos y sus familiares reclamando reparaciones al Estado. Por último, utilizan los casos más emblemáticos como propaganda política. Además forman parte de una maquinaria implacable que defiende las causas de izquierda atacando a sus enemigos sin dejar de lado ninguna herramienta de lucha, incluyendo el montaje de psicosociales plagados de mentiras, para lo cual cuentan con una amplia red de medios de difusión. Han convertido la memoria en emblema, el rencor en insignia y la vendetta, en programa. En la última década, las ONGs de DDHH han tenido a la Corte IDH como un aliado muy eficaz en sus acciones contra el Estado peruano, lo que ha generado las sospechas de varios sectores de la sociedad peruana al punto de exigir el retiro del Perú de dicha Corte.